El pasado día 13 fueron asesinados tres miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) en el contexto del conflicto agrario entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe. Los hechos violentos ocurrieron en el paraje Río del Sol y los nombres de los defensores son Wilfrido Atanasio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, vecinos de El Platanillo, quienes fueron emboscados cuando se trasladaban en una camioneta.
En redes sociales, lo pobladores compartieron videos y audios donde piden auxilio y advierten que temen nuevos ataques y más víctimas, pues los agresores amenazaron con regresar y tomar por asalto a la población, que se encuentra atrincherada.
La violencia contra las comunidades indígenas no es nueva. La falta de gobernabilidad tampoco. La Ucizoni exige plena justicia e investigación de los hechos, y a su demanda se han unido decenas de organizaciones indígenas y de derechos humanos de todo el país.
Y justo sobre asesinatos de defensores y la impunidad que los acompaña, el próximo 20 de febrero se cumplen seis años de que Samir Flores, comunicador y defensor nahua originario de Amilcingo, Morelos, fue ultimado a balazos en el contexto de su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Una jornada de actividades para exigir justicia para Samir se despliega en México y en muchas partes del mundo. Movilizaciones; mítines políticos; siembra de árboles; jornadas gráficas, artísticas y culturales; charlas y exposiciones, y presentación de videos y documentales son algunas de las acciones programadas, además de la instalación de seis bustos de Samir Flores en México, Estados Unidos, Euskal Herria, Francia e Italia, países cuyas empresas estuvieron involucradas en el PIM.
El Estado coloca a los pueblos en la exigencia de justicia para sus defensores. Impedir sus asesinatos es su obligación.
