Oaxaca, Oax., En los primeros dos años de gobierno de Salomón Jara Cruz, en la entidad se han incrementado los casos de desapariciones y feminicidios. De 2023 a enero pasado, en la entidad se han cometido 219 feminicidios y 788 mujeres están desaparecidas, según ha documentado la organización Consorcio Oaxaca, que da seguimiento a todos los casos, entre los cuales el más emblemático es el de la abogada y defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez Martínez, cuyo rastro se perdió, junto con su pareja, el 4 de octubre, en San Juan Cotzocón.

Su desaparición estuvo precedida por dos hechos relacionados con Donato Vargas Jiménez, actual coordinador de delegados de Paz Social. La activista reveló en 2022 la existencia de los grupos de WhatsApp denominados Mega Peda y SierraXXX, en los que ese funcionario y otros compartían imágenes sexuales de mujeres mixes. Ella también acompañó a Aracely Cruz Jiménez en su denuncia de violencia familiar contra Vargas Jiménez, a quien acusó de haberle provocado dos abortos por golpes.

La respuesta de Jara Cruz y su gobierno fue pedirle a Donato Vargas separarse del cargo ocho o 15 días, revictimizar a Sandra Estéfana Domínguez y deslizar que su desaparición estaba relacionada con la presunta relación de su esposo, Alexander Hernández, con el crimen organizado.

Incluso, el gobernador declaró de su encargado de paz: “cualquier cosa que haga Donato, le pegan como piñata… Yo a él le reconozco su trabajo, su dedicación. Le traen muchas ganas, pero presenten la queja, háganlo si tienen algún agravio contra un ciudadano o ha cometido un delito, con mucho gusto. Pero yo le reconozco a Donato, es un compañero muy trabajador, muy dedicado, pocos como él”.

En mayo del año pasado, durante una caminata de migrantes, Vargas Jiménez ordenó a uno de sus agentes retirar al corresponsal de La Jornada, Jorge Pérez Alfonso, que cubría la caravana: ¡Sácame a ese güey, ya!

Como parte de sus excesos, en el estado se difundió un video de una borrachera, donde uno de sus acompañantes le da mezcal directo de una garrafa, mientras él estaba acostado en el piso. Luego bebió de una cerveza, que se le derramó en la camisa.

En seguimiento a la investigación de la desaparición de Sandra Estéfana Domínguez, el miércoles 29 de enero, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en la carretera federal 147, en el tramo Palomares-Tuxtepec-Veracruz, para tratar de detener a presuntos involucrados en la desaparición de la activista, que murieron en un enfrentamiento, al igual que un policía de investigación.

El 3 de febrero, en la conferencia de prensa del gobernador, la Fiscalía General del Estado insistió en la línea oficial respecto de que la desaparición está relacionada con crimen organizado e informó que el presunto líder de la célula que secuestró a Sandra, Artemio García Torres, murió en la confrontación.

José Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado, expuso: las tres personas iban armadas con armas de grueso calibre, R-15 y AK-47. Hay un tema muy avanzado en la investigación y (para) dar con los responsables. Esta persona participó en los hechos, manifestó el fiscal José Bernardo Rodríguez Alamilla. Además informó que se ejecutó una segunda orden de aprehensión contra “Esmeralda Mota Romero, una de las personas que también participó en estos eventos… está en prisión preventiva en (el penal de) Tanivet y es parte de las personas que tenemos directamente señaladas y acreditada su responsabilidad por estos hechos”.

Rodríguez Alamilla afirmó que la desaparición de la activista está relacionada con la actividad de una célula que opera en la región de la Cuenca, es un grupo local y tiene participación en más de una veintena de municipios del lado de Veracruz y del lado de Oaxaca... tenemos identificación de probables responsables, estamos en el proceso de saber si es netamente de una zona o tiene raíces más largas.

Según una tarjeta informativa de la fiscalía, Mata Romero fue detenida en un operativo en Santiago Yaveo, en la Cuenca del Papaloapan, y está presa en el penal de Tanivet.

Yésica Sánchez Maya, abogada y defensora de derechos humanos que sigue el caso de Sandra Estéfana Domínguez, sostuvo que todavía hay elementos finos que la fiscalía no comparte y que la postura de esa institución se acerca a reconocer que su desaparición está relacionada con su labor de activista.

En entrevista, Kisha Domínguez Martínez, hermana de Sandra, responde a La Jornada si es creíble la versión oficial del operativo del 29 de enero: “es difícil para nosotros porque, como en algún momento hemos dicho, si hablamos mal, también a nosotros nos pone en riesgo. Hemos sufrido amenazas, intimidaciones y nos toca ser muy cuidadosas en lo que decimos.

“Se ha evidenciado que las personas que hablan, alzan la voz, pues corren riesgo. Agradecemos al gobierno federal que haya tenido intervención, porque en este caso y en todas las desapariciones que están sucediendo, el gobierno estatal debería hacer su trabajo.

No nos queda más que confiar en su aparición con vida. No desestimamos su labor como activista y lo único que queremos es que nos la presenten con vida.

Su madre, Araceli Martínez, señaló: “soy como muchas mamás que están buscando a sus hijos. Es una angustia no poder dormir en las noches y despertar en la mañana, que no está mi hija; es un dolor tremendo. Ahora estoy de este lado. Mi hija antes andaba ahí diciendo: ‘vamos a luchar para que no desaparezcan más hijos’. Pero nunca pensé que en esta situación estuviera yo.

No deberíamos estar buscando a nuestros hijos, queremos su seguridad, que estén libres de ir aquí para allá, sin que les pase nada.

Las dos hermanas de Sandra cambiaron de hábitos y su madre les recomienda que, cuando salgan, se comuniquen constantemente.

La situación que vivimos es algo difícil para nosotros, cambiar de hábitos, pero es lo mejor. Oaxaca ya no es un estado seguro como lo pintan y aunque hemos visto que el turismo ha crecido, muchas cosas se han roto: el sistema de salud y de justicia, el despido de los trabajadores. Ya no es el estado que recuerdo de hace cinco años, hoy está totalmente hundido en la violencia. Es lamentable que digan que no, expresó Kisha Domínguez.

–El gobernador les había dado su número de teléfono, ¿alguna vez les respondió?

–No, ya no hubo respuesta. En el plantón de noviembre frente al palacio de gobierno, lo último que nos dijeron funcionarios fue oye, el gobernador pregunta si este es su número, cuando ellos tienen mi número. Pero se acercaron sólo para la foto y poder argumentar te estoy atendiendo. Y lo primero que nos preguntaron en el plantón fue cuándo nos íbamos a retirar.

Al respecto, Araceli Martínez relató que distintas personas y funcionarios les exigían: ya retírense, se ven mal. Pero, acotó, no estaba ahí por gusto, pero gracias a Dios mucha gente nos apoyó, Sol Rojo, Consorcio y los artesanos, pintores, la Comedora Comunitaria.

La abogada, activista y defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya describió que Salomón Jara busca legitimarse con un discurso como el mejor gobernador del mundo y su narrativa va en ese sentido, negar la violencia e inventarse un mundo color de rosa, de primavera, y en lugar de asumir que llegó a un estado con una gran crisis de derechos humanos, que ya se avizoraba la crisis de salud, se encapsuló en una burbuja y es incapaz de una autocrítica.

Contó que a Consorcio Oaxaca, que conduce, comenzaron a llegar casos muy delicados que involucran funcionarios del gobierno. No son los únicos, pero son asuntos que interpelan al estado en la política de cero tolerancia de violencia contra las mujeres dentro del gabinete. ¿Y cuál es la respuesta de Jara? Alegar inocencia, justificar y generar un nivel de deslegitimación de las mujeres que denunciaron violencia. En este punto se refirió a Donato Vargas, el primer caso público de sexualización de la mujeres mixes, “escándalo que tuvo su auge y se contuvo, pero cuando su ex pareja Araceli Cruz denuncia violencia familiar y las atrocidades de Donato, los excesos de un grupo de amistades y de trabajo, el gobernador dijo que ‘Donato es un buen trabajador’. Esa fue toda la respuesta, muy lamentable, porque el mensaje fue: ‘me vale, las mujeres mienten y los hombres y los violentadores son buena onda, y como ópera para mí, los voy a proteger’.

Ese mensaje destruyó la imagen de un gobierno de izquierda en favor de las mujeres.

Contó que, a cada denuncia, la respuesta es que sólo se busca dañar la imagen y a la transformación, y que a las mujeres alguien las manda para afectarlo.

“Y lo que digo es: ¿a quién le afecta esa realidad? Al gobernador no. En realidad le afecta a cada familia que ha perdido a una mujer en víctima feminista. Le afecta al tejido social, que pierde y genera condiciones de inestabilidad por las desapariciones.

“Hemos presentado los datos, las cifras y la respuesta es ‘tienen un objetivo’ Piensa que todo es para dañarlo. ¿Para qué sirve un mapa y una radiografía de feminicidios? Para definir zonas, presupuesto y política pública, pero él no lo ve así, al sentirse interpelado, se pone a la defensiva y todo mundo es su enemigo.”