En 2006 se aprobó en la Cámara de Representantes la ley HR 4437 propuesta por James Sensenbrenner, que penalizaba a los migrantes y a aquellos que les bridaban cobijo y apoyo. La reacción de la sociedad fue tan fuerte y decidida que salieron a las calles millones de personas a protestar en decenas de ciudades de Estados Unidos. La ley fue derrotada en las calles con el apoyo de la población, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, los escolares, las universidades y los empleadores.

En esos tiempos todavía se guardaban las formas, ahora Mr. Trump, mejor conocido como el “trompas” por la comunidad latina, se salta al Congreso y a punta de decretos reforma totalmente el sistema migratorio, con el argumento de la seguridad nacional, aspecto que le da amplios poderes y presupuesto ilimitado.

Se trata de una reforma integral, pero a la inversa, de lo que por años se demandó y se luchó: por una verdadera reforma migratoria que hiciera justicia y regularizara a millones de migrantes.

Las medidas de Trump están enfocadas en tres escenarios distintos, pero relacionados: el acceso al refugio, la frontera norte y los migrantes irregulares.

Estados Unidos tiene una larga tradición de refugio selectiva y al mismo tiempo impone medidas muy duras para determinados tipos de poblaciones. Pero sus leyes son claras, si alguien solicita refugio al interior de su territorio, deben aceptarlo y proceder a analizar su caso, además, las familias y menores de edad tienen ciertas preferencias.

Fue así como México, hace ya 15 años, se convirtió en lugar de tránsito para acceder al refugio, simplemente cruzando la frontera y entregándose a la patrulla fronteriza. Para Trump esta práctica representa un abuso y ha cancelado cualquier posibilidad de acceso al refugio a aquellos que crucen la frontera de manera subrepticia. También ha cancelado el acceso legal por la plataforma CBP One que promovió el gobierno de Joe Biden. Por otra parte, se han cancelado todas las medidas conocidas como “parole humanitario”.

Como quiera, aproximadamente 2 millones de solicitantes de asilo esperan su cita con el juez designado para analizar su caso. Esta población queda protegida hasta que se analice su situación. Pero Trump ya legisló que los jueces tienen 180 días para concluir un caso, ya no se pueden alargar años.

Por otra parte, hay 863 mil migrantes que cuentan con status temporal protegido (TPS) y que, en su mayoría, pasaron por México. De ellos, 334 mil son venezolanos, 200 mil haitianos, 180 mil salvadoreños, 54 mil hondureños y 50 mil ucranios, entre otros. Su protección requiere de renovación y depende de la situación en el país de origen. Ya se dio permiso para renovar a los salvadoreños y venezolanos, pero la puerta para acceder al refugio está cerrada, aunque sea una medida ilegal y contravenga las leyes de Estados Unidos.

En segundo lugar, Trump amenazó con “cerrar la frontera”, es decir, impedir el cruce clandestino de migrantes, sea para solicitar asilo o introducirse de manera irregular en el territorio. La amenaza a los que cruzan para solicitar refugio es la deportación inmediata, para los migrantes irregulares también. Además, se van a reforzar las barreras, dificultar el ingreso e incrementar la militarización de la frontera. A estas medidas disuasorias se añade el castigo de dos años de confinamiento a los reincidentes. Tendrán que pensarlo dos veces o tres, pero para muchos deportados que dejaron a su familia en el otro lado, es un dilema muy difícil asumir la deportación definitiva.

Cerrar la frontera para los mexicanos es imposible, para los extranjeros se dispone de 10 mil guardias nacionales que evitarán el tránsito y el tráfico de personas. Esperemos que la medida se extienda para desmantelar a las mafias que trafican y extorsionan a migrantes, pero la medida crea un problema adicional, el incremento de la población flotante de origen extranjero en México, que pretende quedarse o llegar a la frontera, a pesar de que han empeorado las condiciones.

En tercer lugar, se ha dispuesto de la deportación masiva de migrantes irregulares, cerca de la mitad, unos 5 millones, son mexicanos con familias y plenamente establecidos. No hay consideraciones especiales para determinados trabajadores considerados “esenciales”. Veremos qué pasa, sobre todo en la agricultura.

Al respecto, un alto funcionario respondió, que sí se deportará a los braceros y que luego se verá cómo solucionarlo con visas H2A, lo que implica a México, y hay un protocolo de entendimiento firmado que no se cumple por parte de los tramitadores y empleadores.

Negociar con la mano de obra es un arma de doble o triple filo. Históricamente no ha dado resultado. Exportamos a medio millón de trabajadores al año y, si recibimos a medio millón deportados, hipotéticamente tendríamos que enviar a un millón con visas H2A. ¿Es posible? ¿Nos conviene?