Mucho hemos glosado, y especulado al extremo, sobre las arbitrarias convenciones impuestas por Donald Trump. La momentánea suspensión de la aplicación de aranceles por el gobierno estadunidense no nos exime de reconocer nuestras vulnerabilidades como economía política globalizada que ha vivido por más de 30 años un cuasi estancamiento de sus actividades primordiales, lo que ha repercutido sobre el empleo y su calidad. Para plantearlo sumariamente: éste debería ser el “momento” para, ahora sí, conducir a la República hacia un nuevo curso de desarrollo.
A pesar de que el tema del crecimiento económico ha sido prácticamente expulsado de la agenda nacional, la del gobierno y la de la oposición, así como la de los medios informativos, conviene insistir: no pueden seguir negándose las evidencias. De éstas emana una imagen de la economía en la que predominan la vulnerabilidad y unas relaciones sociales y estructurales apabulladas por una heterogeneidad que inevitablemente bloquea el curso de la economía.
Nuestro crecimiento ha sido socialmente insuficiente, propiciando un mercado laboral desestructurado y copado por elevados porcentajes de informalidad laboral (59 por ciento), inconmovibles frente a los datos de desempleo formal, de alrededor de 2.5 por ciento. Estos malos datos nos hablan de un corazón enfermo y débil que reclama reformularse en cuanto a sus objetivos maestros y los instrumentos de política a ser aplicados ya, sin perder de vista el mediano y el largo plazos.
Este menos que mediocre desempeño económico no es reciente y se explica, en buena parte, como señaló con maestría nuestro querido Jaime Ros, por la aplicación sostenida de políticas erradas que han priorizado los objetivos de estabilización y acotación de la inflación y el balance fiscal, dejando en la cuneta la dinámica económica y la consecuente transformación de la estructura productiva, el empleo y la redistribución. Este vademécum ha sido seguido y respetado por los gobiernos de la Cuarta Transformación, con excepción del aumento al salario mínimo que, sin duda aplaudible, sigue siendo del todo insuficiente para que una mayoría de mexicanos tenga mejores condiciones de vida.
Una economía renovada debería contemplar el propósito central de alcanzar y conservar un crecimiento anual del PIB de, al menos, 4 por ciento, que distribuya los frutos del esfuerzo colectivo. Como se ha dicho y reiterado desde diferentes y hasta opuestos miradores, esto implica incrementar de manera significativa la inversión pública y privada para desatar una transformación de la estructura productiva guiada por el convencimiento social de que la competitividad no debe estar basada en la precariedad y la pobreza laboral, sino apoyarse en capacitación, educación e innovación.
Pilar imprescindible para este nuevo curso es, sin equivocación ninguna, la reforma del Estado postergada una y otra vez en estas décadas de indudable transformación política y del propio Estado. Esta reforma debería arrancar con la reformulación integral de la política hacendaria, para hacer de la hacienda pública una palanca central de la redistribución justa del crecimiento.
Hemos aprendido, más mal que bien, que en la hacienda se inscriben y reproducen algunos de los convenios maestros para la estabilidad y la reproducción política y social. Por eso es que la revisión sugerida del entramado fiscal del Estado tendrá que partir de un gran acuerdo nacional que identifique y revise las prioridades nacionales para, desde ahí, presupuestar, diseñar, ejecutar.
Plantear(nos) este cambio de rumbo tiene fundamento y sentido; es posible salir del callejón al que quieren llevarnos las bravuconadas del presidente estadunidense, aprovechar la crisis como oportunidad.
No se trata de inventar ni la pólvora ni el hilo negro, sino de reivindicar la economía política, la política traducida en política económica. Echar toda la carne del asador intelectual al diseño de un programa nacional de inversiones que desemboque en el Plan Nacional de Desarrollo mandatado por la Constitución. Desplegar nuestra imaginación para trazar objetivos y tiempos como punta de lanza para la (re)construcción económica, que requiere planeación cuidadosa, y no sólo “esquivar golpes”.
Que este malhadado incidente arancelario nos lleve a abrir las puertas a un crecimiento sostenido y sustentable, respetuoso y protector de la naturaleza, que se acompañe de procesos regionales de transformación de la estructura productiva y de las propias relaciones sociales. Desde luego, regresar al Estado sus funciones y construir un verdadero Estado de Bienestar. Pasos primeros e imprescindibles para que México pueda afirmarse, con seguridad, en los nuevos escenarios de una globalización cuarteada y rumbo a crisis recurrentes.
