Ciudad de México. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados recibió una queja ciudadana, respecto de supuestas irregularidades de una empresa encargada de dispersar los recursos de mejoramiento de vivienda de los trabajadores, a la que se le entregaron los contratos por adjudicación directa a partir de 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En una carta dirigida al presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja (PT), así como a autoridades fiscales, se pide revisar el historial de contrataciones de la empresa de servicios financieros Broxel y se detalla que, además, se han recibido quejas de trabajadores por el retraso en la entrega de sus créditos.

La misiva es acompañada de documentos vinculados con los contratos, así como de otros convenios entregados también de manera directa por gobiernos panistas, y se pide revisar si existe conflicto de intereses, así como una eventual triangulación de recursos o corrupción.

Según el escrito -que también se envió a la Cámara de Senadores, se refiere que la firma de Gustavo Gutiérrez Galindo comenzó a ganar contratos con el Infonavit en 2016, año que coincidiría con los recientes hallazgos de probables irregularidades detectadas por la actual dirección de Octavio Romero Oropeza.

“Entre 2016 y 2024, la empresa sumó 10 contrataciones por más de 701 millones 714 mil pesos, de las cuales, 8 fueron por adjudicaciones directas, modalidad de contratación que debería de aplicarse bajo el criterio de excepción”, se señala en el documento, que hace referencia a los convenios entregados a partir de aquel año y destinados a otorgar préstamos para mejora de vivienda de trabajadores.

Se cita que, en una revisión al portal Compranet se encontró que en julio de 2016, durante el sexenio de Peña Nieto, Broxel obtuvo un acuerdo inicial por más de 62 millones de pesos para la emisión, administración y operación de las tarjetas del programa Mejoravit.

Ese primer contrato se adjudicó de forma directa, al explicarse que la legislación vigente permite la contratación sin licitación cuando, por ejemplo, exista un proveedor capaz de suministrar el bien o servicio requerido, cuando existan servicios especializados que solo puedan ser proporcionados por un proveedor específico, o bien sea esencial para continuar la continuidad de los servicios, entre otros.

Ante ello, en ese entonces el Infonavit argumentó que existía la necesidad de contar con un proveedor que garantizara la correcta emisión, administración y operación de las tarjetas del programa Mejoravit, el monitoreo y control de las compras en los comercios afiliados.

Después, en junio de 2024, también por adjudicación directa, se suscribió otro para la ministración y conciliación de recursos fondeados mediante el servicio conocido como ‘ConstruYO’.

La información incluye convenios obtenidos por más de 800 millones de pesos entre 2021 y 2024 con los gobierno de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, durante los gobiernos panistas.

También se hace referencia a que en enero de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) amonestó a Broxel Tranfer Por “incumplir con las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita”, pues en 2018 no entregó en tiempo a la Secretaría de Hacienda su reporte de operaciones relevantes, correspondientes al tercer trimestre de ese año.

La propia CNBV emitió una segunda por “proporcionar en forma dolosa información falsa, imprecisa o incompleta” a Financiera Broxel, por no cumplir con la entrega de documentación que le fue requerida en plazos que le fijó la autoridad bancaria.