Washington. El presidente Donald Trump firmó ayer un decreto para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, el mismo día en que el magnate sufrió dos nuevos reveses en los tribunales en sus intentos de despedir a empleados del gobierno y socavar el derecho a ser ciudadano estadunidense por nacimiento.

Trump consideró que la CPI abusó de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa iraelí, Yoav Galant, por presuntos crímenes de guerra cometidos en la franja de Gaza, y añadió que la CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel, ya que ninguno de los dos países son parte del Estatuto de Roma ni miembros del organismo.

El decreto impondrá sanciones financieras y de visado a las personas y sus familiares que ayuden en las investigaciones contra ciudadanos estadunidenses o aliados de Estados Unidos, informó Reuters.

La medida se conoce después de que los demócratas del Senado bloquearon la semana pasada un esfuerzo liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en protesta por sus órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por crímenes de lesa humanidad de Israel en Gaza.

En tanto, un juez federal bloqueó hasta el lunes la orden de Trump para implementar su plan de reducir la fuerza laboral en la administración pública mediante una renuncia diferida, aplazamiento que otorga una victoria inicial a los sindicatos que demandaron detenerla. La decisión paralizó el ultimátum contra más de 2 millones de burócratas estadunidenses a fin de que éstos decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización, según un plan del multimillonario Elon Musk para reducir la administración pública.

Al momento, más de 60 mil funcionarios federales han aceptado la oferta, cifra que representa alrededor de 2 por ciento de la plantilla, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Asimismo, Trump planea mantener a menos de 300 empleados en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), de un total de sus más de 10 mil empleados en el mundo, que tramitan docenas de misiones que salvan vidas en más de 100 países, reportaron cuatro fuentes a Reuters.

La principal agencia de ayuda humanitaria de Washington también está en la mira de Elon Musk, quien acusó: Usaid es un nido de víboras marxistas

En ese sentido, demócratas de alto rango exigieron una pesquisa sobre las posibles violaciones de seguridad nacional creadas por la toma de control de ciertas agencias federales por parte de Musk, incluidas la Oficina de Gestión de Personal (OPM), el Tesoro de Estados Unidos y Usaid, por conducto de su autodenominado departamento de eficiencia gubernamental (Doge).

Funcionarios resaltaron su preocupación de que el multimillonario y sus agentes hayan accedido ilegalmente a información clasificada y datos personales confidenciales, informó The Guardian.

Además, un juez federal bloqueó la orden ejecutiva de Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos de manera irregular, y criticó lo que describió como el intento del gobierno de ignorar la Constitución para obtener ganancias políticas.

Su fallo se produjo un día después de que una jueza federal de Maryland emitió una decisión en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de derechos de migrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos próximos a nacer podrían verse afectados. Se tiene previsto que el departamento de Justicia se inconforme de manera jurídica.

Mientras, en varias ciudades continúan las protestas contra la política antimigratioria de Trump, la cual exige al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago desmantelar protecciones regionales y municipales que, la Casa Blanca afirma, bloquean sus operaciones antinmigración.

La demanda que presentó el departamento de Justicia en un juzgado de Illinois afirma que varias leyes regionales y municipales de estos bastiones demócratas en el este del país están diseñadas para interferir con la aplicación de la ley federal de migración del gobierno federal.

Perseguir la violencia contra cristianos, manda Trump

El republicano también anunció que creará una oficina de fe en la Casa Blanca y ordenará a la fiscal general, Pam Bondi, que dirija el grupo de trabajo encargado de perseguir la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad, así como defender los derechos de los cristianos y las personas de fe en todo el país.