La gestión de Uriel Carmona fue objeto de señalamientos de impunidad, corrupción, obstrucción de la justicia y presuntos nexos con grupos criminales. A continuación, algunos ejemplos:

No esclareció el asesinato del luchador social Samir Flores, perpetrado el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo.

Tampoco aclaró el feminicidio de la diputada local Gabriela Marín, cometido el 5 de octubre de 2022.

En marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera le imputó lavado de dinero.

La fiscalía también incurrió en omisiones, pues María Ceceña, víctima de feminicidio en julio de 2022, denunció a sus agresores días antes de que la quemaran viva.

El 4 de agosto de 2023 fue detenido acusado de entorpecer la indagatoria en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

El 22 de septiembre de ese año recuperó su libertad, pero antes se le excarceló y reaprehendió en tres ocasiones por los ilícitos de encubrimiento por favorecimiento, feminicidio en calidad de auxiliador y por el delito de tortura.

Durante su gestión fueron ultimados al menos siete activistas y luchadores sociales, entre ellos Ana Luisa Garduño, Rodrigo Morales, Alejandro García e Isaac Medardo; ninguno de los casos fue resuelto

No esclareció el homicidio de los reporteros Manuel Reyes, en septiembre de 2021 y Roberto Figueroa, en abril de 2024.