En tiempos de alta tensión e incertidumbre política y económica por las reconfiguraciones de todo tipo que suceden a escala global, merece la pena mirar hacia nuestro texto constitucional, cuya redacción –que se produjo también en un momento nacional y mundial en trance de cambios muy profundos, tras casi dos décadas de una turbulenta revolución social en nuestro país y en plena Primera Guerra Mundial– brindó certezas para la consolidación de un orden sociopolítico organizado alrededor de los ejes de la democracia y la garantía de los derechos humanos.

Ayer, 5 de febrero, se conmemoró el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del país, documento normativo cuyos términos procuraron sintetizar en mayor o menor medida los intereses de los grupos participantes del conflicto revolucionario, y cuyo diálogo permitió la consolidación de un nuevo contrato social acorde con los tiempos y necesidades del país.

Desde hace meses y hasta hoy, 107 años después de la culminación de los trabajos del Congreso Constituyente, nuestra Carta Magna ha estado en el centro del debate público como tema recurrente en el escenario nacional, especialmente tras haberse consumado la posibilidad de reformarla radicalmente por una fuerza política, gracias a la hegemonía obtenida en los comicios de mediados del año pasado tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

No obstante, la enorme importancia que en nuestro proceso social ha tenido el texto constitucional, merece tomar distancia al menos un momento de las volatilidades y radicalismos del presente para recuperar y ponderar los grandes aportes en las dimensiones social, política y económica que trajo la Constitución del 17, cuya pertinencia se mantiene vigente; sin que por ello dejemos de señalar los vacíos y desafíos de la Carta Magna ante las necesidades y urgencias actuales.

La Constitución de 1917 fue pionera a escala mundial en términos de derechos humanos y sociales. Si bien los derechos humanos, especialmente los civiles y políticos, ya eran reconocidos en otros marcos legales en el mundo y en la propia Constitución de 1857, el texto de 1917 incorporó de manera definitiva las garantías que en materia laboral y de propiedad colectiva –por señalar algunas– seguían disputándose en el resto de países desde las bases obreras y campesinas.

La gratuidad y laicidad de la educación, la seguridad social, el trabajo digno y la jornada máxima de ocho horas; la propiedad y redistribución de la tierra, la soberanía nacional y la consolidación del Estado democrático con sufragio universal y división de poderes, son las principales aportaciones con las que la Carta Magna mexicana se situó a la vanguardia en el constitucionalismo mundial.

Este carácter garantista y democrático de la Constitución de 1917 hoy experimenta tanto reafirmaciones como retrocesos en la reforma constitucional que ha estado en curso durante los años recientes. Las reformas progresivas en materia de derechos colectivos; la consagración normativa de derechos sobre el maíz y el agua, o un conjunto de importantes programas sociales, son ejemplos de reformas que, aunque insuficientes o con vacíos por zanjar, sin duda fortalecen y ponen al día el espíritu del proceso constitucionalista de 1917 y lo ponen al día de cara a las nuevas necesidades del país.

Sin embargo, ocurre lo contrario con las reformas en torno del Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos y la prisión preventiva oficiosa que inocultablemente contravienen el sentido democrático de nuestra Constitución.

Justo en clave democrática es tema de debate si una mayoría calificada debería disponer de atribuciones de tal calado para reformar los mínimos irrenunciables que establece la Constitución. La Carta Magna sienta las bases de nuestro estado democrático de derecho, por lo que cualquier reforma que debilite los equilibrios democráticos supone una contradicción con el espíritu de la misma.

De cara a nuestra actual situación histórica, lo que parece más pertinente es crear espacios de debate ciudadano en que se discutan las justas medidas de blindaje de estos mínimos irrenunciables de nuestra Carta Magna sobre derechos humanos y fortalecimiento democrático, para evitar que las fuerzas hegemónicas de un cierto momento histórico, sea cual sea su signo, socaven el sentido democrático y garante de justicia social que inspiró un texto constitucional de vanguardia.

Como respuesta inicial se antoja no desechar sino, por el contrario, subrayar y reivindicar la vigencia del espíritu vanguardista en materia de derechos humanos que caracterizó a la Constitución Política de 1917. Necesitamos también, desde luego, un Poder Legislativo atento a los signos de los tiempos, que defienda la progresividad de los derechos reconocidos, que actualice los términos de la soberanía nacional frente al escenario geopolítico y económico actual y que refrende el valor democrático de la Constitución como pilar fundamental e irrenunciable de nuestro sistema político.

Necesitamos, asimismo, un tribunal constitucional –como la SCJN– fortalecido para la defensa de los derechos de todos en apego al espíritu y sentido de ser de la Carta Magna. Así, en la revisión ya en curso de los términos de la relación México-Estados Unidos con motivo de la crisis migratoria, debería tenerse como preocupación central evitar las implicaciones atentatorias de los derechos humanos de medidas como la militarización de nuestras fronteras.

El aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 es buen motivo para honrar sus aportes y avances, al tiempo que no renunciamos a pensar en las condiciones normativas que hoy necesitamos para vivir y relacionarnos con condiciones de dignidad y justicia.

Es importante recordar que en México tenemos más de 120 mil personas desaparecidas, se cometen 82.1 homicidios diarios, de acuerdo con Global Witness; México es el cuarto lugar mundial con mayor cantidad de defensores del ambiente asesinados, así como el tercer país más letal contra la prensa y el que mayor número de desapariciones de periodistas concentra, según Reporteros Sin Fronteras.