prohibición expresa de que cualquier familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Está claro que ambas propuestas suponen un avance democrático inestimable, si bien es necesario esperar a que se dé a conocer el alcance del veto al nepotismo con la precisión de si alcanza a cónyuge o sólo a parientes consanguíneos y, en este caso, hasta qué grado.
La democracia no está intrínsecamente peleada con la relección de los gobernantes y los representantes; de hecho, hay democracias ejemplares donde se practica. Sin embargo, en nuestro país la historia demostró que permitir la permanencia de los funcionarios elegidos por el voto popular más allá de un término genera más problemas que beneficios y se convierte fácilmente en un peligro para la supervivencia de la República. El ir y venir de Antonio López de Santa Anna entre Palacio Nacional, el exilio y las conspiraciones golpistas; las más de tres décadas del sanguinario porfiriato; el caciquismo del Maximato, e incluso la manera en que Benito Juárez demeritó su figura histórica al mantenerse en el poder, dejaron una huella indeleble en la memoria del pueblo mexicano y convirtieron el principio de no relección en un precepto irrenunciable.
Esta sabiduría emanada de la experiencia fue traicionada por los partidos del mal llamado Pacto por México, quienes entre 2013 y 2014 emprendieron el desguace de la Carta Magna y culminaron tres décadas de neoliberalismo con el desmantelamiento del espíritu social de la Constitución de 1917. Debe recodarse que ésta fue la más adelantada de su época al incorporar derechos sociales como la protección de los trabajadores, la educación gratuita, o la tenencia colectiva de la tierra; logros alcanzados gracias a que ese documento encarnó las demandas del pueblo alzado en armas para acabar con la tiranía del dictador Porfirio Díaz y del usurpador Victoriano Huerta.
Recordar la historia es entender que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, como otras promovidas por ella y su antecesor, no surgen en un vacío político ni mucho menos de un capricho personal, sino que representan la reivindicación y restauración de las conquistas populares que permitieron el nacimiento de México y su posterior conformación en un Estado social cuyo propósito es el bienestar de los ciudadanos; es decir, lo contrario del Estado mínimo neoliberal, limitado al saqueo de los bienes públicos y a la represión.
De este modo, el gobierno federal busca recuperar lo más valioso del texto original de nuestra Carta Magna al mismo tiempo que mantiene o amplía los derechos de nueva generación que escaparon al horizonte histórico de los constituyentes de Querétaro, como la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad sexogenérica, la tolerancia, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho o la protección del medio ambiente. En suma, no puede exagerarse la importancia de esta propuesta, y cabe desear que prospere en el Congreso hasta concretarse en leyes para beneficio de la vida política del país y del fortalecimiento de la democracia.
