Ciudad de México. Sin ahondar en los actos de corrupción que se han denunciado en el Infonavit, en los que han sido señalados algunos representantes del sector obrero y patronal, sindicatos y organizaciones empresariales reiteraron su rechazo a diversas modificaciones a la ley del instituto, pendiente de discutirse en el Senado.

En conferencia conjunta, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre varias más, reconocieron que se han realizado cambios a la reforma, pero “no atendieron todas nuestras propuestas”. Entre ellas, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supervisen la totalidad de la operación del Infonavit, no sólo la crediticia.

Expusieron que la falta de mecanismos de supervisión en la inversión para la construcción de nuevas casas construidas por el instituto pondría en riesgo 350 mil millones de pesos que tiene recursos circulantes.

En la reforma actual “no le están dando los dientes que necesita” la SHCP y la CNBV, afirmó Juan José Sierra, presidente de Coparmex.

Los representantes obreros y empresariales pidieron también que el patrimonio de la empresa constructora filial forme parte del instituto, ya que se trata de recursos de los trabajadores derechohabientes, y que opere bajo los mismos controles que el Infonavit.

La Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y los sindicatos de trabajadores telefonistas, ferrocarrileros y del metro, se pronunciaron igualmente por que se mantengan las direcciones sectoriales, ya que consideran que son “esenciales” porque “les proporcionan el respaldo técnico necesario para fortalecer su labor y mejorar la representación de sus afiliados.

Asimismo, insistieron en rechazar que el director general del instituto presida los órganos colegiados, especialmente la asamblea y el Consejo, pues “vulnera el principio de tripartismo y paridad al favorecer a uno de los sectores”.

Sobre los actos de corrupción que ha denunciado el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, como los relacionados con proyectos para la construcción de vivienda aprobados por las direcciones sectoriales patronal y obrera para desarrolladoras, pero en los que no se concluyen las viviendas, el sector sindical y empresarial rechazaron “cualquier caso”, el cual “debe ser señalado, denunciado, perseguido y castigado”.