En la batalla legal para defender su derecho a demandar a los fabricantes estadunidenses de armas por los daños que sus productos producen en nuestro país, el gobierno de México ha cosechado el apoyo de autoridades de justicia de 16 estados de ese territorio, así como de la capital Washington DC, además de las principales organizaciones locales de prevención de violencia de artefactos de fuego, entre otros.

De ello dan cuenta los nueve escritos Amigos de la corte que la Suprema Corte de esa nación ha recibido de enero a la fecha como parte del caso con que resolverá si México tiene derecho a la demanda que entabló en 2021 contra de siete fabricantes de armas y una empresa de venta al mayoreo: Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Sturm, Ruger & Co; y el vendedor al mayoreo Witmer Public Safety.

Dicha demanda, desestimada en 2022 por un juez federal y reactivada en 2024 por un tribunal de apelación, está siendo analizada por la Corte a petición de las armeras, que le solicitaron intervenir con el argumento de que están protegidas ante las reclamaciones de México por una norma federal llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que las exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos. La primera audiencia de este proceso se celebrará el 5 de marzo próximo, cuando las partes presentarán sus argumentos.

En uno de los documentos de amigos de la corte, fiscales y procuradores de 16 estados afirman que si bien la citada ley protege a los fabricantes de demandas por crímenes realizados por terceros con sus productos, no los protege de los crímenes que ellos mismas realizan, como lo argumenta México, que les reclama 10 mil millónes de dólares como compensación por sus prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico de sus armas al sur de la frontera, lo que, según el gobierno mexicano ha incidido los altos niveles de homicidios en el país.

El documento de 28 cuartillas, firmado por los encargados de perseguir el delito en Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y del Distrito de Columbia, señala que la Corte debe desechar la petición de los fabricantes, porque la ley no les da inmunidad total ante las demandas.

Everytown for Gun Safety, la mayor organización estadunidense de prevención de las violencia de las armas, señala en otro documento de apoyo a México que a través de sus abogados ha litigado casos de actividad ilegal de los fabricantes o vendedores de armas, y los tribunales inferiores han sostenido que la legislación no les exime de responsabilidad. Aun así, los solicitantes piden a este tribunal que omita el texto llano de la PLCAA y declare inmunes a los fabricantes y vendedores de armas, incluso cuando su propia conducta ilegal previsiblemente permita la violencia.

En otro documento Amigo de la Corte, la organización March for Our Lives Action Fund, que surgió de la matanza en una preparatoria de Parkland, Florida, en 2017, cita los argumentos de la Corte de Apelaciones que en 2024 dio entrada a la demanda mexicana porque consideró que la ley no les da total inmunidad. Hace mucho tiempo que los fabricantes y vendedores de armas han tenido pleno conocimiento de la forma en que sus mercancías se utilizan para matar, mutilar y herir a innumerables víctimas inocentes, incluidos niños, recalca.

La Corte también ha recibido 17 Amigos de la corte que argumentan a favor de los fabricantes de armas, firmados por fiscales de 27 estados, políticos como el senador republicano Ted Cruz, y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, que señalan que los homicidios en México no son responsabilidad de las armeras, sino de errores del gobierno mexicano y de ciudadanos que han decidido armarse para defenderse, entre otros argumentos.