Ciudad de México. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) manifestó su rechazo a la cobranza delegada, una medida que se discutirá hoy en el Senado, con la cual se le otorga a las empresas el poder de descontar a los trabajadores las deudas que tengan sobre financiamientos de nómina previo a recibir su pago.

Esta medida, que se comenzó a discutir en 2022 y fue rechazada en 2023, convertiría a las empresas en “tiendas de raya financieras”, dijo la Condusef.

La cobranza delegada es una figura por la cual los patrones tienen la facultad de descontar del salario de sus trabajadores el monto de las amortizaciones que estos tengan con instituciones financieras, ya sean bancarias o no. Así el empleador, no el empleado, es quien realiza el pago de las deudas.

El poder legislativo analizó y discutió la propuesta hecha por Morena desde 2022. Recibió diversas críticas, e incluso el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que de llevar acabo esta práctica se embargaría el sueldo de los trabajadores. En marzo de 2023 se suspendió.

Sin embargo, este miércoles 5 de febrero a las 18:00 horas las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado volverán a discutir, analizar e incluso aprobar la cobranza delegada.

Postura de la Condusef

Ante ello, la Condusef externó su rechazo y afirmó que los derechos de protección al salario de los trabajadores deben “tutelarse. El dictamen contiene vacíos e inconsistencias que deben solventarse para proteger al trabajador o usuario de los créditos de nómina y la Ley debe proteger al usuario del sobreendeudamiento sobre sus ingresos netos”.

“Seremos respetuosos de las decisiones del Poder Legislativo, pero debemos señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los trabajadores, de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros, en este caso la economía familiar de los trabajadores”, planteó el organismo defensor.

El posicionamiento de la Condusef en contra de la cobranza delegada contiene ocho puntos, y el primero indica que la medida va en contra del principio de progresividad establecido en el artículo 1 Constitucional, en el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocerse de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos.

Tiendas de raya financieras

“Crear la libranza con carácter de irrevocable la convierte prácticamente en una tienda de raya financiera, ya que es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito convirtiéndose en una, si éste no resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema de refinanciamiento más benéfico, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca”.

La Condusef argumentó que para que las personas caigan en problemas de sobreendeudamiento, es recomendable que las deudas de una persona no supere el 35 por ciento de sus ingresos, y cuando una persona compromete más allá de esa proporción tiene un alto riesgo de impago y, como consecuencia, conflictos económicos, familiares y personales.

“El sobreendeudamiento al que ha estado expuesta una parte considerable de los empleados del sector público a nivel federal, estatal y municipal, ha propiciado que un alto número de trabajadores reciban cantidades muy por debajo del nivel de subsistencia, lo que genera un severo problema social, de sobrevivencia”.

Nomineras, con tasas de interés altas

“No menos importante es señalar que el Costo Anual Total (CAT) promedio que ofrecen las instituciones financieras denominadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas conocidas coloquialmente como nomineras, exceden las tasas de interés que por créditos de nómina o créditos personales ofrecen otros agentes del sistema financiero mexicano, por ejemplo, los bancos.

La Condusef añadió que la medida, que puede ser autorizada hoy, también prevé obligaciones excesivas para los patrones, pues se convertirán en “depositarios y obligados solidarios con todos los efectos legales correspondientes".

“Se contempla la posibilidad de refinanciar los adeudos de los trabajadores acreditados, lo cual podría generar que el costo de los créditos se incremente y resulte exorbitante, ya que se trata de una nueva obligación”, agregó el organismo defensor.