De entrada, en un giro sorpresivo, el propio Trump abandonó súbitamente el alegato sobre el superávit comercial bilateral a favor de México y argumentó que la decisión de gravar con 25 por ciento las exportaciones mexicanas a su país eran una respuesta a la supuesta inacción del nuestro ante las drogas sintéticas que llegan a Estados Unidos. Semejante alteración exhibe una insostenible estafa argumental: los aranceles no tenían entonces el propósito de corregir desequilibrios comerciales, sino que eran una manera de sancionar a las autoridades de México por su pretendida inacción ante el narcotráfico. Pero resulta obligado preguntarse, entonces, por qué las exportaciones canadienses –contra las que Trump no ha formulado infundios equivalentes– fueron también sometidas a una medida idéntica, y por qué las chinas –cuyo país de origen representa en el imaginario trumpiano una amenaza de rango máximo– fueron castigadas con menos de la mitad de la tasa.

Otro de los accidentes lógicos en las afirmaciones de la Casa Blanca es presentar como prueba de la supuesta alianza entre el gobierno mexicano y las bandas dedicadas al trasiego de estupefacientes el involucramiento en esa actividad de Genaro García Luna, hoy preso en el país vecino y sentenciado por eso mismo; pero este alto funcionario de las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se desempeñó como tal entre 2000 y 2012, periodo en el cual fue ampliamente homenajeado y elogiado por las administraciones de George W. Bush y Barack Obama; es decir, dejó los encargos gubernamentales hace 12 años y hoy no sólo es convicto en Estados Unidos, sino que tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana. El tratar de usar a García Luna para acusar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es, pues, manifiestamente absurdo e improcedente.

Por lo demás, la supuesta preocupación de la presidencia trumpista por la llegada de drogas sintéticas a Estados Unidos contrasta con su absoluto desinterés por resolver desde una perspectiva de salud pública la epidemia de adicciones que ciertamente azota a ese país y que, como lo han demostrado diversos análisis, no fue originada por los cárteles mexicanos, sino por el inescrupuloso mercantilismo de empresas farmacéuticas y mafias médicas estadunidenses que en años anteriores vendieron y recetaron en exceso y sin justificación toda suerte de sustancias adictivas.

Queda claro, pues, que la embestida del presidente estadunidense no se sustenta ni en el deseo de corregir desequilibrios comerciales ni en una inquietud por la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, tal ofensiva tendrá efectos negativos inevitables no sólo en las economías de los países que la padecen, sino también en la propia economía de la superpotencia, varios de cuyos sectores podrían ser llevados al colapso, no sólo por la expulsión de una fuerza de trabajo difícilmente remplazable, sino también por el brusco encarecimiento de innumerables insumos y productos como consecuencia de los gravámenes a las importaciones. Ante esa perspectiva, resulta entendible que múltiples organizaciones empresariales y civiles, legisladores y gobernadores de la nación vecina han alzado la voz para demandar que se dejen sin efecto medidas arancelarias que, sin un objetivo claro a la vista, dañarán las cadenas productivas, provocarán quiebras y pérdida de empleos e impactarán a los consumidores con una carestía injustificable.

De esta manera empiezan a cobrar cuerpo resistencias diversas y potencialmente enormes a la ofensiva trumpiana, tanto en México y Canadá como en el propio Estados Unidos: desde trabajadores indocumentados hasta autoridades y organizaciones empresariales de los tres países, pasando por amplios sectores de sus sociedades, se manifiestan de distintas maneras en contra de la agresiva sinrazón trumpiana. Habrá que seguir con atención esos contrapuntos.