El Estado mexicano se allanará sólo parcialmente a la resolución sobre la grave violación a los derechos humanos de la náhuatl veracruzana Ernestina Ascensión, quien murió el 26 de febrero de 2007 después de un brutal ataque sexual por parte de un grupo de soldados en su pueblo, Tetlatzinga, en la sierra de Zongolica. No va a reconocer que se pueda vincular a agentes estatales (soldados) con la violación tumultuaria, adelantó el consejero jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha, durante la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en Costa Rica.

Su argumento fue que no se allana porque no hay pruebas de vínculo directo con agentes del Estado, aun admitiendo, sin conceder, que hubiera existido violación sexual.

Tampoco admitirá que se haya violado el derecho al acceso a la información a organizaciones de derechos humanos que en su momento pidieron la apertura del expediente de doña Ernestina, mismo que les fue negado o entregado fuertemente testado por las autoridades estatales.

Ayer, por primera vez en 18 años, Marta Inés Ascensión pudo hablar frente a un tribunal para dar testimonio sobre la violenta muerte de su madre, una mujer de 73 años a quien describió como sana y contenta, que pastoreaba sus ovejas y echaba tortilla con sus comadres. En náhuatl, entre lágrimas, clamó por justicia. Justicia, que ya no pasen estas cosas en el mundo, pidió.

En la sesión de casi cinco horas se escuchó el interrogatorio a Marta Inés con traducción simultánea al náhuatl (aunque ésta no se transmitió por Internet), la presentación del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los interrogatorios de las representantes de la defensa y la intervención de los representantes gubernamentales.

Calderón y la gastritis

De manera excepcional, se permitió que la mesa de la testigo principal se cubriera de velas y flores al modo de ser náhuatl, para honrar la memoria de Ernestina y para pedirle permiso, pues se iba a hablar de ella.

Los representantes de la defensa refirieron como fue que en estos 18 años nunca se avanzó en el esclarecimiento de este crimen, al que el entonces presidente Felipe Calderón dio virtual carpetazo cuando dijo, en una entrevista con Elena Gallegos, reportera de este diario, que la mujer había muerto de una gastritis no atendida.

Esa declaración (publicada el 13 de marzo de 2007, apenas 18 días después del crimen), dio pie a las acciones de autoridades judiciales, militares y estatales, e incluso del entonces comisionado nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y del Instituto Nacional de la Mujer, que a partir de ese momento actuaron para desviar las investigaciones, encubrir los hechos y asegurar la impunidad de los perpetradores, según sostuvieron los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y algunos de los jueces del tribunal.

La voz más importante del Estado falseó la experiencia de las propias víctimas sin que mediara una mínima comprobación razonable desde su condición de superior jerárquico de los responsables investigados, dijo el representante de la CIDH.

Un juez quiso saber si desde aquel 2007 hubo alguna rectificación de algún presidente a lo dicho por Calderón. Los integrantes de la numerosa delegación gubernamental, representada por funcionarios de la embajada, la cancillería, la Defensa y Gobernación, se miraban atribulados. Tuvieron que contestar que no.

Una jueza consultó sus notas. Arrocha, el representante legal, había ofrecido como parte de las medidas de reparación del daño que el Estado mexicano pediría perdón a la familia Ascensión y a la sociedad, en un acto que encabezará el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de Gobernación. Esto es, un tercer nivel.

Cómo silenciaron a víctimas

Otra de las reservas que sostendrá el Estado mexicano es que no reconocerá que estuviera relacionado con un hecho que la defensa de la familia Inés Ascensión describió como secuestro de varios familiares.

En mayo de 2007, cuando el proceso de investigación judicial entraba en un momento crucial, con las numerosas evidencias médicas de la violación, se multiplicaban las acciones de Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz, quien intentaba tapar las protestas y las evidencias del crimen con enormes dádivas a la familia. También aumentaron las presiones al personal médico y forense que había levantado los reportes clínicos y una autopsia que no dejaban margen de duda sobre la violación y las lesiones que causaron la muerte. En el Hospital Regional de Río Blanco se había reportado el primer diagnóstico: hemorragia por perforación del recto y fractura de cadera.

La ginecóloga de la procuraduría veracruzana reportó lesiones consecuentes con violación vía anal con desgarre de recto. Casi todos se desdijeron de sus dichos y reportes iniciales y los modificaron.

Solamente sostuvo su versión el médico legista Pablo Mendizábal, con cédula profesional 19330, que elaboró el certificado de defunción 070276634, en el que determinaba una mecánica traumática como causa de muerte. Aunque fue despedido de su empleo, hasta la fecha sostiene su verdad.

Herrera, que en un primer momento había declarado esto fue un crimen, luego corrigió: “…un crimen de pobreza”.

Justo en aquellos días la fiscalía veracruzana había cerrado el expediente declarando el no ejercicio de la acción penal. Se abría un periodo legal de 15 días en el que se podían interponer apelaciones. El proceso se llevaba en español en su totalidad y los familiares de la víctima, nahuas monolingües, no entendieron la coyuntura.

Fue entonces cuando René Huerta, quien ya actuaba abiertamente como operador y enlace del gobernador frente a la familia, y además disponía de cantidades ilimitadas de recursos, organizó un viaje de descanso para la familia de doña Ernestina; no sólo los hijos, sino sobrinos y parientes varios fueron llevados en un viaje de 12 días a la Ciudad de México y a otros sitios, para asistir entre otras cosas a una misa en la Basílica de Guadalupe, con gastos pagados.

Cuando Huerta los regresó a la comunidad, ya había vencido el plazo para apelar.

Arrocha explicó que no aceptaba vinculación de las autoridades con dicho viaje, ya que el organizador fue René Huerta, un líder de una organización campesina de la región. Pero Carmen Herrera, abogada de la defensa, explicó que Huerta actuó como operador del gobernador en toda la relación con la familia y la comunidad.

Esa trampa, explicaron, dejó a la familia en la indefensión. Marta Inés fue interrogada al respecto. Explicó que de regreso del viaje, Huerta les dijo que ya no hicieran ni dijeran nada, porque si no nos metían en la cárcel. Explicó que ni ella ni sus hermanas hablaban con él porque eran mujeres y jóvenes, pero su hermano sí. De este modo los silenciaron y los amedrentaron.

El caso nunca se hubiera reabierto si no fuera por la intervención de una nieta, que se acercó a organizaciones de mujeres, entre otras, al Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, de Orizaba, a pedir ayuda para conocer el expediente. Fue así como empezó la lucha por obtener acceso a la carpeta que resguardaba la procuraduría veracruzana. Después de muchas negativas, la petición llegó a la Suprema Corte, donde se ordenó la entrega del expediente. La procuraduría estatal entregó los documentos testados en su totalidad. En procesos posteriores siguió la censura.

De ahí que el perito experto en acceso a la información solicitado por la defensa analizara el caso y declarara que el Estado mexicano cometió un grave abuso al negar acceso a la información en este caso. Los representantes del gobierno tampoco aceptaron allanarse a esto, ya que aseguran que la parte demandante no agotó todas las instancias.

La Coridh citó a una nueva audiencia el 3 de marzo, para que las partes presenten sus alegatos finales antes de dictar sentencia.

Nota: aunque la prensa suele publicar el apellido de Ernestina como Ascencio, según consta en su credencial del INE y en su acta de defunción, lo correcto es Ascensión.