Ante la próxima desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aprobada mediante reforma constitucional el año pasado, el gobierno federal anunció este viernes cambios a la ley para redistribuir sus funciones en distintas dependencias.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el nuevo modelo garantizará tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales, dividiendo ambas competencias en órganos distintos.
Anunció que se abrogará la Ley Federal de de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se reformarán las Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de PRotección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dijo que como antes había una ley general para el Inai y una ley federal para el Ejecutivo, para la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, “esas dos ya no son necesarias, nada más se requiere una y entonces se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Prevalece con una nueva ley por los cambios constitucionales”.
La presidenta Sheinbaum dijo que con los cambios también se reducirá el gasto público, pues la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno podrá atender el 80 por ciento de la carga de trabajo del Inai con solo el 35 por ciento de su estructura, lo que representará un ahorro del 65 por ciento en costos administrativos.
“Se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace con mucho menos presupuesto”, aseguró Buenrostro. La propuesta de ley se envía este viernes al Senado de la República para consideración, antes de ser remitida a la Cámara de Diputados”, añadió.
Buenrostro destacó que el acceso a la información pública será gestionado por un nuevo órgano desconcentrado denominado "Transparencia para el Pueblo". En tanto, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá la protección de datos personales, función que, subrayó, originalmente estaba en el Ejecutivo desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), antecesor del Inai.
“Estos dos derechos se mueven de manera contraria. Mientras el acceso a la información implica máxima publicidad, la protección de datos personales busca resguardar información sensible de los ciudadanos como identificaciones, datos bancarios y biométricos”, explicó.
Destacó que con la desaparición del Inai se mantiene el derecho al acceso a la información y la obligación de los entes públicos de publicar información.
Los mecanismos de defensa para los ciudadanos seguirán existiendo, pero ahora serán atendidos por 18 autoridades en lugar de un solo instituto.
Se eliminarán los 32 organismos estatales homólogos al Inai y sus funciones serán absorbidas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial en cada nivel de gobierno.
La Plataforma Nacional de Transparencia será regulada en la ley para garantizar su continuidad y evitar la pérdida de información histórica.
Anunció que se pondrá un sistema de validación criptográfica para prevenir alteraciones en los datos almacenados en la plataforma.
Se modificará el Sistema Nacional de Transparencia que coordinará la política de acceso a la información en todos los niveles de gobierno.
“Este Sistema Nacional de Transparencia lo que hará es establecer la política general en la materia para que se acorde en todos los niveles y poderes de gobiernos y se va a coordinar con todas las autoridades que son las responsables de garantizar el acceso a la información”, puntualizó.
Asimismo, la iniciativa plantea que los juicios de amparo en materia de acceso a la información sean resueltos por jueces especializados, en lugar de jueces administrativos, lo que permitirá enfocarse en el fondo de las controversias y no solo en los procedimientos.
