Madrid. Alrededor de dos mil personas se concentraron en un edificio de viviendas de Barcelona, Casa Orsola, para impedir a través de una protesta pacífica que se ejecute el lanzamiento de una familia por orden de un juez civil, que ante la previsión de un conflicto social fijó la orden del desahucio a las cinco de la mañana. Este edificio, en el que viven 27 familias, se ha convertido en un símbolo contra la gentrificación en la capital catalana, ya que su historia cambió cuando la compró un fondo de inversión internacional para convertir las casas en pisos de alquiler vacacional o de larga duración, pero con una renta mensual cuatro veces superior a la que pagan actualmente los inquilinos.

El barcelonés Josep Torrent, de 54 años, cumplió sin fallar al pago de su renta durante 22 años. Su casa, en la que ha vivido más de dos décadas, se encuentra en uno de los barrios más céntricos y deseados de Barcelona, el Eixample, donde han proliferado los pisos de alquiles turístico o los fondos de inversión que adquieren propiedad de forma masiva para reformarlas y arrendarlas por tres o cuatro veces su precio actual. Como le ocurrió a Josep Torrent, que después de una larga batalla legal finalmente recibió la orden irrevocable del juez que ordenaba su lanzamiento, fijado para la cinco de la madrugada pasadas. Y que se logró evitar por las más de dos mil personas que se concentraron en las puertas del edificio para evitar que entrara a la vivienda la comisión judicial e iniciar así el proceso legal del desahucio.

En España, los desahucios se convirtieron en uno de los principales problemas sociales a raíz de la crisis económica del periodo 2007-2011, cuando la quiebra del sistema financiero provocó una ola de despidos y de impagos de las hipotecas que provocó que al año fueran desahuciadas hasta 40 mil familias. Poco a poco, con la estabilización de la economía, esos índices han ido menguando, si bien siguen en cotas altas, de más de 22 mil anuales en los últimos dos años. Y eso a pesar de que el actual gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez y fruto de la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, se comprometieron a luchar contra este drama social. Pero hasta la ahora las medidas han sido insuficientes.

El caso de Josep Torrent de la Casa Orsola, de Barcelona, así como el resto de vecinos también en riesgo de ser desahuciados, es distinto, ya que no se trata de inquilinos morosos. En este caso se trata de vecinos con un régimen de renta antigua, que pagan al mes entre 400 y 600 euros (ocho mil 500 y 12 mil pesos) por su casa. Un precio bajísimo si se compara con el costo de la vivienda actualmente en Barcelona, la ciudad con los índices de precios más altas del país debido en parte a la alta concentración de departamentos de alquiler turístico.

El edificio Casa Orsola lo compró en el año 20212 el fondo francés Lioness Inversiones, pero sólo un año después cambio de titularidad, lo que provocó que hasta cinco de los vecinos se quedaran sin contrato, entre ellos Josep Torrent, y por tanto en riesgo de ser lanzados. Las viviendas que se han quedado vacías fueron reformadas y ocupadas por jóvenes extranjeros que pagan más de dos mil euros al mes.

La protesta para impedir el desahucio de Josep Torrent la convocó el Sindicato de Inquilinos, que además anunció que mantendrán la movilización en los próximos días, más aún tras ser informados de que el juez había decidido poner una nueva fecha para el lanzamiento, el próximo martes. “Dijimos que no habría desahucio y hoy no habrá un desahucio”, declaró eufórico Enric Aragonès, vocero del Sindicato, que además calificó de “salvaje e inaceptable convocar un desahucio de madrugada . Pero aún así hoy hemos hecho historia. La Casa Orsola es y será indesahuciable”.

Esta plataforma ciudadana además se está movilizando para hacer una “huelga de alquileres” para hacer que bajen los precios, bajo el argumento de que “la vivienda se ha convertido en el medio de enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de las inquilinas. El alquiler nos asfixia económicamente, nos impide tener un hogar estable y seguro, se lleva por delante nuestras vidas y nuestra salud mental. Pero se acabó normalizar esta situación: hemos decidido unirnos para cambiar el sistema rentista. No vamos a pagar quinientos euros por una habitación de mierda. No vamos a marcharnos de casa porque quieran hacer pisos turísticos o porque un fondo buitre haya comprado nuestro bloque. No vamos a aceptar cláusulas abusivas, vivir con moho ni tolerar que no reparen la caldera. No vamos a aceptar más abusos”.