San Cristóbal de Las Casas, Chis. Alrededor de 50 organizaciones y colectivos afirmaron que “la situación en Chiapas es compleja y preocupante” porque “el gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor tsotsil, Mario Gómez López, privado de su libertad el pasado 24 de enero en San Cristóbal”, por lo que exigieron “su libertad inmediata”.
En un comunicado conjunto señalaron que su detención ocurrió “en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo de policía militarizado (Fuerza de Reacción Inmediata Pakal), detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada”.
Las agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestaron que Mario Gómez, quien fue detenido por policías municipales de San Cristóbal, “forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar y es pareja de Pascuala López López, también defensora de derechos humanos”.
Añadieron que fue arrestado cuando “se dirigía a su trabajo como albañil alrededor, puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después y trasladado inmediatamente al penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, acusado de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten”.
Estos delitos, afirmaron, “son eminentemente políticos”, además de que con su detención “se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicación con sus abogados y su pareja, Pascuala”.
Reiteraron que “el trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada por Pascuala y Mario por la ejecución de su hijo Mateo Gómez López, ocurrida el 3 de febrero de 2021, que se dio tras un proceso de intimidación, hostigamiento y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal”.
Aseguraron que debido a su lucha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó la Medida Cautelar número 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia”.
Este caso, abundaron, “es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios entre grupos delincuenciales, que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y sicológica”.
Recordaron que “Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas con la administración y procuración de justicia, que lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra ella una violencia misógina heteropatriarcal y racista”.
Precisaron que “la defensa de los derechos humanos impulsada por Mario y Pascuala tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa”.
Insistieron en que “la detención de Mario responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, pero se omite que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos”.
Por todo lo anterior, las agrupaciones, más unas 30 personas en lo individual, manifestaron su “preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos”, al tiempo que exigieron “la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso”.
