La presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer las iniciativas de leyes secundarias en materia energética con las cuales se revierte la reforma de 2013 en el sector. Con ello, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperan su categoría de empresas públicas (eliminándose la definición productivas del Estado), se recupera la planeación estratégica del Estado y se rescata la industria petroquímica. En suma, se cancela la reforma regresiva de (Enrique) Peña (Nieto), señaló la mandataria.

Este paquete de reformas incluye seis leyes principales y la armonización de cinco más, detalló en conferencia la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien destacó la desaparición de las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos.

Se distribuyen de mejor manera las facultades, fortaleciendo la función de planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética en la Secretaría de Energía (Sener). Se crea la Comisión Nacional de Energía, como órgano desconcentrado, con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador en materia energética. Todo ello con un objetivo: recuperar la soberanía energética.

Se expiden una ley de empresa pública del Estado para Pemex y otra para CFE, así como las de Planeación y Transición Energética, del Sector Eléctrico, del Sector de Hidrocarburos y la de la Comisión Nacional de Energía. González subrayó que se retoma la planeación desde el Estado, con lo que podremos contar con instrumentos de planeación seguros y vinculantes de mediano y largo plazos.

La secretaria indicó que estas nuevas leyes establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y deja una participación privada ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo.

Sheinbaum aseguró que es una reversión de la reforma de 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión, incluso, de reformas a las leyes secundarias de 1992, de Carlos Salinas.

González resaltó que se crea el Programa Sectorial de Energía y se retoma la conformación del Balance Nacional de Energía, así como los planes de Transición Energética, de Desarrollo del Sector Eléctrico y de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Y muy importante: “se reconoce el concepto de ‘justicia energética’, para reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía, garantizando la atención prioritaria de la población más vulnerable”.

Explicó que se busca el fortalecimiento de Pemex al otorgarle preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción; se le da la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos y un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda. Se incorpora el derecho petrolero para el Bienestar como nuevo régimen fiscal simplificado para Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad.

Desaparecen las tres subsidiarias de Pemex y las casi 50 filiales en las que esta empresa pública tenía un tipo de participación para unificar su gestión. Se garantiza la producción de petróleo para avanzar en la autosuficiencia en la elaboración de combustibles.