Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acató la sentencia de un tribunal colegiado que la obligaba a publicar de manera completa y sin testar 2 mil 543 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015, incluida la de la tragedia de Pasta de Conchos, reconocieron organizaciones civiles.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la organización Familia Pasta de Conchos, entre otras, que fueron promoventes de la demanda, expusieron que es un logro y garantiza el acceso a la información a la sociedad, a fin de que conozca las recomendaciones y violaciones a las garantías fundamentales documentadas.
En diciembre pasado, la CNDH argumentó que la reserva de la información fue a petición de las víctimas, a fin de cumplir con Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Las organizaciones civiles recordaron que el cumplimiento deriva de la sentencia emitida por el tribunal colegiado, quien resolvió a favor de Elvira Martínez Espinoza, esposa de Jorge Bladimir Muñoz Delgado, uno de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos en 2006, en Coahuila.
En 2023, la viuda acompañada por el Centro Prodh y otras organizaciones, interpuso un recurso de revisión al considerar que la eliminación de la Recomendación 26/2006 y de otras 2 mil 542 de la página web de la CNDH, entre ellas la de la represión ocurrida en Atenco en 2006 o las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya en 2014, violaba el derecho a la verdad y de acceso a la información.
Por otra parte, Amnistía Internacional México, entre otras organizaciones, acusaron a la CNDH de actuar con “parcialidad” en un informe que emitió sobre la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y un pronunciamiento sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
De hecho, señalaron, “ni por el menor asomo” el organismo nacional hace referencia en su informe sobre tres sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dirigidas a México, en las que se establece que “las fuerzas armadas no deben intervenir en tareas de seguridad pública y, en caso de que así fuera, definen el marco para que ello suceda”.
