Ciudad de México. Sergio Santamaría Chamú, uno de los jueces que emitió una resolución que suspende todo el proceso para la elección judicial de junio, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorgue certeza jurídica y las garantías necesarias para ejercer, con independencia, su función judicial, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible delito contra la administración de la justicia.

Pero no solo eso, el togado que pertenece al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán solicitó al máximo tribunal que lo declare legalmente competente para hacer cumplir las suspensiones decretadas, sin que un posible conflicto de competencia con diverso órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF), pueda acarrear responsabilidad administrativa o penal.

“Solicito a la SCJN otorgue certeza jurídica y las garantías necesarias para que las personas juzgadora federales puedan ejercer, con independencia, su función judicial, sin ser sujetas a coacciones o represalias externas, tales como las contenidas en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida dentro del expediente SUP-JDC-8/2025 y acumulados, en donde, al estimar que la jurisdicción de amparo, invadió la jurisdicción electoral, ordenó dar vista al CJF y a la FGR, para los efectos de responsabilidad administrativa y penal a que haya lugar, en contra del titular de este órgano jurisdiccional”.

Lo anterior, dijo, luego de que concedió la suspensión a todos los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) contra diversos ordenamientos de la reforma judicial, al considerar que se violan diversos derechos y algunos principios que integran el núcleo intangible o duro de la Constitución, como es la división de poderes y la independencia judicial, que podrían verse vulnerados con la entrada en vigor del mencionado decreto.

En ese contexto, el juez estimó pertinente plantear al TEPJF que los actos y normas generales reclamadas en este asunto por la Jufed no pueden considerarse estrictamente pertenecientes a la materia electoral, toda vez que la naturaleza del decreto reclamado, por el que se Reforma Judicial, no se enfoca directamente en el proceso electoral en sí mismo, sino en la reorganización y funcionamiento de propio Poder Judicial.

El juez Santamaría Chamú agregó que en ese sentido, “se considera respetuosamente que la determinación de la indicada Sala Superior, sobre dar vista al Consejo de la Judicatura Federal e instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Tribunal para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, puede llegar a afectar la independencia judicial con la que este órgano jurisdiccional y cualquier otro similar debe resolver los asuntos de igual naturaleza, al contener un claro mensaje intimidatorio, implícito en la presentación de una denuncia penal en contra de este titular, por el hecho de haberle formulado la solicitud de inhibitoria y el requerimiento de vinculación antes señalado”.