A Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista, Mixe, San Juan Guichicovi, en el Istmo de Oaxaca, lo asesinaron a tiros. Lo desaparecieron el 17 de enero y el 21 hallaron su cadáver.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, compañera de Arnoldo Nicolás, ha participado en la lucha contra el proyecto del Tren Interoceánico y la edificación de los Polos de Desarrollo. Considera que el megaproyecto fue impuesto en asambleas amañadas, sin consultar a la comunidad; 13 ejidatarios de Moñé Viejo, del mismo ejido y tres miembros de su organización, encaran procesos penales por su resistencia al despojo.
Según el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, el homicidio de Arnoldo es muestra de la grave crisis de violencia e impunidad que enfrentan las comunidades indígenas en el Istmo de Tehuantepec.}
No es exageración. La inseguridad campea en el estado. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 hubo casi mil asesinatos dolosos; otras fuentes aseguran que son más. Desde que empezó el gobierno hace tres años, más de 35 militantes y activistas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui han sido ultimados. Los casos siguen impunes. Asimismo, se han cometido 102 homicidios contra mujeres.
La impunidad e injusticia campean en la entidad. Lizbeth Huerta, ex edil de Asunción Nochixtlán ligada a la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz, fue liberada. El aumento en los crímenes perpetrados durante la administración del viejo militante de la Unión de Lucha Revolucionaria y ex dirigente de la Unión de Campesinos Democráticos, también conocida como Unión de Camionetas Democráticas –por su lucha por regularizar vehículos chocolates– no es el único indicador de cómo se ha marchitado la primavera oaxaqueña.
En reciente gira por la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum se topó con mucho descontento ciudadano y comunitario contra el mandatario estatal. En el acto inaugural de la carretera Mitla-Tehuantepec, padres de menores enfermos, principalmente de cáncer, en el Hospital de la niñez Oaxaqueña, mostraron cartulinas con el mensaje: “Necesitamos medicamentos y quimios para los niños de Oaxaca”.
Allí, la saxofonista María Elena Ríos, salvajemente agredida con ácido por Juan Vera Carrizal, se coló hasta el templete para reclamar la liberación de su agresor. Mostró una manta que decía: “¡Me rindo, gobernador! Aquí mi lucha termina. Libera a Vera Carrizal. Ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres”.
Ante las denuncias, en sus mañaneras, el ingeniero Jara respira hondo, y, queriendo hacerse el chistoso, dice “mi pecho no es bodega”, para “desmentir” los hechos. A cada señalamiento, responde con una campaña de desinformación. Lo mismo niega la espinosa carencia de fármacos e insumos –a pesar de que llegan a cuentagotas– que refuta la crisis del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso.
Por aquello de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, Jara ha hecho de la política un negocio familiar. Tiene en la nómina a parientes. Controla la dirección estatal de Morena con incondicionales y familiares. La lista es tan larga que merece se le señale como nepotismo.
Su hermano Noé, señalado por sus malas compañías y controlador de los porros de la Catem, es amo y señor de las decisiones del municipio de Oaxaca de Juárez, en su carácter de secretario de administración.
Su nuera Tania Caballero, ha sido tres veces diputada local. Su hija Bxido Jara, es secretaria de pueblos indígenas a escala nacional por Morena. Su hijo Shabin Jara, es contratista y secretario estatal de organización del partido. Su sobrina Sheila Bolaños es directora de administración en el gobierno local. Otra sobrina, Lourdes Bolaños, está acusada de aviadora en IMSS-Bienestar. Su sobrino Irving López es coordinador de giras. Su sobrina Katia Bolaños es directora de licencias. Su sobrino Benjamín Viveros es presidente de la junta de coordinación política y diputado local. Su sobrino Emanuel Jara es el nuevo presidente de Morena en la entidad.
Salvo honrosas excepciones, su gabinete lo forman incondicionales inescrupulosos, incapaces, de pésima reputación. Donato Vargas Jiménez, coordinador de delegados de paz del gobierno, está señalado de estar involucrado en la desaparición, desde el 4 de octubre, de Sandra Estéfana Domínguez Martínez, abogada mixe que alzó la voz contra Salomón.
Aunque lo separó del cargo, sólo fue temporalmente. El personaje aparece en un video apedreando a pobladores de una comunidad, acompañado de pistoleros de sindicatos de transportistas. Las credenciales del titular del IEEPO, Emilio Montero, son lamentables. Su séquito de paisanos istmeños es incapaz de enfrentar los retos educativos del estado.
Su política de “gobernabilidad” se basa en compra de lealtades, corrupción y división de organizaciones sociales. Así ocurre en los conflictos agrarios, las protestas por el Interoceánico, el caso triqui y el rezago educativo y laboral del magisterio. En Oaxaca no existe Ley Estatal de Educación “homologada” y al gobernador no le preocupa que la haya. Le basta despotricar contra los maestros cada que el tema lo rebasa. Así sucederá con el paro convocado por la sección 22 para el nivel primaria, el 27 y 28 de enero. No le interesa combatir el analfabetismo.
El mapa de incendios sociales en Oaxaca es muchísimo más amplio. Los malosos avanzan, propiciando temor e incertidumbre. Mientras, ciudadanos barajan promover un referendo revocatorio contra Jara y otros insisten en movilizarse por sus demandas y contra lo que consideran es un mal gobierno. Tristemente, la primavera oaxaqueña no pasó de ser un bonito lema.
X: @lhan55
