La muy crítica situación legal y humanitaria de los migrantes de diversos países que residen y trabajan en Estados Unidos, sin contar con el estatus jurídico que avale su permanencia en ese país, los ha colocado en la mira del nuevo presidente Donald Trump, que ha decidido expulsarlos a toda costa, sin ningún miramento, al considerar su presencia como “invasión”. En el caso de nuestro país, el gobierno federal y algunos estatales están empeñados en diseñar una estrategia que desde los consulados nuestros en aquel país respalden la defensa que sea posible para evitar la salida forzada y, para el caso inevitable de la misma, instalar albergues para recibirlos en la frontera.
También se ha anunciado un apoyo ciertamente simbólico inicial, así como el ofrecimiento de un programa de empleos. Este último requiere concretar la ubicación de los mismos, pues los migrantes provienen de diversas entidades. Se trata de una situación de emergencia, por lo que se está reaccionando con ese carácter y sin duda está presente la contribución de organizaciones civiles y religiosas que por muchos años han aportado respaldo, defensa y acompañamiento en albergues que sobre todo en la zona fronteriza ya son históricos.
Esos sí lo son, porque hoy por hoy se ha convertido en lugar común la calificación de “históricos” a las acciones oficiales que quizá sean inéditas, hasta ahí. También ya es lugar común hablar de la complejidad de los procesos y en efecto la situación que se vive desde la población migrante lo es, pero ello no debe constituirse en justificante para eludir que sin duda se está ante una asignatura pendiente, pues si bien el presidente Trump ha escalado su política de agresión antihumanitaria, el Estado mexicano por décadas se ha convertido en mero observador, incluso se ha visto favorecido en su economía por las remesas que han enviado nuestros paisanos.
Ya está emergiendo en estos días un fenómeno que ha sido telón de fondo de la movilidad forzada hacia el país del norte, eufemísticamente llamado sueño americano. Se trata de los llamados polleros cuyas redes y servicios dentro y fuera del país han estado presentes y su operación no ha merecido intervención estatal. La frontera es muy amplia y ellos tienen ubicadas las vías para vender el cruce. En la emergencia actual no están pasivos y los migrantes prefieren ese riesgo ante el escenario de regresar a sus lugares de origen. Coloco ya otro escenario que tampoco está ni ha estado presente en las consideraciones oficiales. Se trata de las personas de origen indígena cuyas condiciones socioeconómicas las han llevado a emprender el camino de la migración, pero no sólo eso: hay regiones en el país donde ese camino ha sido la salida para la sobrevivencia ante el desplazamiento forzoso promovido por la delincuencia que por distintas vías y en diversos ámbitos se ha instalado y mediante violencia y despojo ha impuesto proyectos extractivos, por ejemplo, pasando por encima de la voluntad individual y colectiva de las comunidades.
Dejo aquí un factor que a muchas de las personas deportadas les impedirá plantearse el retorno. Existe además otro factor que podemos imaginar ajeno a la problemática descrita y tiene que ver con las normas comunitarias que establecen la obligación de aportar para sus integrantes ya sea en cargos, en obras u otros proyectos definidos en sus asambleas. Es vital el aporte de las remesas para las familias que se quedan en las comunidades, pero eso no exime a sus integrantes de las obligaciones aun desde fuera. Conocemos muchos casos en que los paisanos migrantes se reúnen e impulsan proyectos en beneficio de la comunidad de origen, pero también conocemos otros en que se desentienden de esas obligaciones colectivas, la comunidad ya no les reconoce sus derechos colectivos, deja de ser comunero por ejemplo.
Sabemos que las comunidades subsisten y persisten gracias a su autonomía y resistencia.
Recordemos la situación que se vivió durante la pandemia que dejó sin empleo a personas que desde las ciudades buscaron refugio en sus comunidades y muchas por temor al contagio de covid no les permitían la entrada o les colocaban en una cuarentena virtual en las afueras. Algún funcionario llegó a declarar que eso era ilegal. No lo era a partir de las normas propias que establecieron protocolos para el cuidado colectivo.
No será sencillo, sobre todo para los gobiernos de los estados fronterizos del país, que reduzcan su colaboración a lo que se está llamando operación camión: subir a los deportados al vehículo que los traslade de regreso a sus entidades de origen. Justamente al lugar donde virtualmente fueron expulsados. Sabemos que los márgenes para lograr la suspensión de la cruzada trumpista son muy estrechos y los mayores costos serán para quienes han apostado a un sueño americano que hoy por hoy es una real pesadilla.
