Tres acontecimientos de gran trascendencia ocurrieron en el país durante los últimos meses: la publicación de una Ley de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, justo el último día de su sexenio; la publicación del decreto del gobernador de Michoacán el 24 de noviembre de 2024, anunciando igualmente una nueva ley para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y finalmente el Foro sobre Pueblos Indígenas que tuvo lugar en Morelia el pasado 19 de enero, con una asistencia rócord de entre 4 mil y 5 mil participantes pertenecientes a 64 de las 67 culturas originarias reconocidas por la lengua.
Antes de analizar estos tres aconteceres, debemos recordar que, según el Censo de Población y Vivienda de 2020, en el país uno de cada cuatro mexicanos pertenece a alguna cultura originaria, lo que ubica a México a la cabeza en este rubro en el continente americano. Similarmente, el nuevo Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024 señala que los pueblos indígenas y comunidades equiparables detentan la mitad del territorio del país, lo que constituye todo un legado de la civilización mesoamericana.
El decreto de Andrés Manuel López Obrador que reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para ser reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio (https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/947760/DOF2024-09-30-VES-SG.pdf).
Lo anterior queda garantizado en rubros tales como su derecho a decidir, conforme a sus sistemas normativos sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural, así como la regulación y solución de sus conflictos internos; que las mujeres y los hombres disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, incluida la propiedad intelectual colectiva; construir modelos educativos de carácter pluricultural; desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, incluida la partería; conservar y mejorar el hábitat, y preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados.
Por su parte, el decreto del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, va aún más lejos, pues, además de lo anterior, deja garantizado el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe ante procesos que afecten sus territorios o sus formas comunales; su derecho a recibir asignaciones presupuestales de manera directa, sin pasar por los municipios; reconocimiento a los concejos comunales elegidos por asamblea, y reconocimiento a las rondas o guardias comunales (llamados kuarichas en lengua purépecha). A la fecha 42 pueblos indígenas de Michoacán ya disponen y disfrutan de esta nueva legislación.
En conjunto, estos dos decretos dan fe de los derechos colectivos a la autonomía, el autogobierno, la autodeterminación y la autodefensa, es decir, fortalecen el poder social y, de hecho, dan lugar a un cuarto poder más allá de las escalas federal, estatal y municipal. Todo lo anterior fue festejado por los miles de participantes al foro celebrado en Morelia el pasado 19 de enero, que fue el más numeroso de los 54 efectuados en el país, y que fue la culminación de un largo proceso de consulta promovido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en los últimos dos años. En este evento, se puso de manifiesto la enorme energía colectiva existente y la mística prevaleciente en las ceremonias que se celebraron (aderezadas por los sonidos de una docena de caracoles).
Mucho se discute en los círculos académicos la pertinencia de este cuarto poder, pues se argumenta que puede generar conflictividad con las decisiones de la escala municipal, o simplemente afectar y no favorecer a las poblaciones locales. Sin embargo, vista desde la perspectiva civilizatoria, se trata de una forma de democracia participativa que empodera lo social frente a los poderes políticos y económicos, y que cuestiona y denuncia a la democracia formal, representativa, dominante o electoral como una mera simulación. Véase por ejemplo el capítulo final de la obra de Luis Villoro El poder y el valor (FCE y El Colegio Nacional, 1997). Lo mismo hacen David Graeber y David Wengrow en su libro El amanecer de todo (Ariel, 2023) al mostrar que constituye un mito pensar que las sociedades se hacen más civilizadas al volverse más complejas. Ellos reivindican de nuevo a los pueblos indígenas. Juzguen los lectores lo aquí presentado, analizado y comentado.
