Naucalpan, Méx. Por segundo día consecutivo trabajadores y propietarios de bares y restaurantes, durante hora y media, bloquearon parcialmente el Periférico norte a la altura del Parque Naucalli, para exigir la reapertura de los establecimientos donde laboraban y que fueron asegurados durante la Operación ministerial Atarraya, porque afecta fuentes laborales, además, acusan detenciones no justificadas, abuso de autoridad y daño a la industria restaurantera.
Los manifestantes insisten en que el operativo Atarraya deja sin trabajo a decenas de personas y a sus familias que viven en la incertidumbre económica, por lo que pidieron ser escuchados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, e insisten en que los negocios donde laboran no son irregulares porque cuentan con licencias de operación en orden.
“Ya basta de los abusos de la fiscalía. No somos irregulares gobernadora. Queremos trabajar”, “Queremos solución”, “Fiscalía nos sembraste droga”, son algunas de las leyendas que desplegaron en vinilonas y en cartulinas.
La presencia de los manifestantes afectó la circulación en el Periférico a la altura del Parque Naucalli, donde realizaron la reducción de carriles. Por segundo día consecutivo, la circulación en la importante vialidad fue muy lenta y la fila del asentamiento llegó hasta Cuautitlán Izcalli entre 10:30 y 11:30 de la mañana de este martes.
En tanto, hasta las 12:30 horas no había ningún pronunciamiento por parte de autoridades estatales que dé certeza a decenas de usuarios del Periférico norte para que no sea afectada su movilidad por dicha arteria, y que externaron su molestia debido a la pérdida de tiempo para cruzar el cuello de botella provocado por la manifestación.
El 11 de enero fuerzas federales y estatales, promovieron el cierre de establecimientos con venta de alcohol en Naucalpan como parte de la Operación Atarraya.
La Operación Atarraya tiene por objeto intervenir establecimientos ubicados en el estado de México utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas, así como para actividades relacionadas con la comisión de otros hechos delictivos como trata de personas o extorsión e incluso operar como fuentes de financiamiento para entramados criminales, informó la FGJEM.
