De todo sacaron gruesa raja, y en los últimos meses, como en el sexenio anterior, el gobierno documentó y denunció ese modus operandi que a la nación y a los mexicanos les ha costado cientos de miles de millones de pesos y la imposibilidad de ejercer sus derechos, amparados éstos en la ley. El atraco no es nuevo, claro está, pero por primera vez le han puesto el cascabel al gato.
En diciembre pasado, el director del Infonavit, Octavio Romero, denunció fraudes, corrupción, estafas, despojo de viviendas, tráfico de influencias, directivos involucrados (mencionó a dos: David Penchyna y Alejandro Murat, ambos con Peña Nieto), triangulación de recursos, multimillonarias indemnizaciones irregulares, connivencia de los sectores empresarial y de los trabajadores en el consejo de administración del organismo, sueldos y prestaciones ilegales, condonación fiscal a las llamadas vivienderas, contrataciones ilegales, venta de un mismo inmueble hasta en cuatro ocasiones, colusión de empleados, notarios, despachos de abogados, integrantes del Poder Judicial, empresas, peritos valuadores y mucho más. Todos de la mano para saquear a ese organismo en detrimento de los derechohabientes.
Lo denunciado ya constituía un monumental saqueo al Infonavit, pero la historia no terminó ahí, porque ayer el mismo funcionario, Octavio Romero, siguió con esta historia de terror: Por medio de una red de corrupción que involucra a jueces, despachos de abogados y colusión con personal de los poderes de justicia locales se despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes mediante juicios masivos ilegales que se llevaron a cabo sin notificación a las personas demandadas, a quienes se les promovieron juicios en entidades distintas de aquellas donde vivían. Está operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados
( La Jornada, Alonso Urrutia y Emir Olivares).
Entre estos últimos se encuentran Gabbsa, Beamber, ECD, Aguilar, ILS, Tormenz, Bajacoast, Escaip, Molrod, Cajiga y ocho más, todos dedicados a robar a los derechohabientes (obvio es que en colusión con jueces, funcionarios y el resto de la cadena de corrupción), que no fueron pocos. Romero lo precisó: de 373 mil derechohabientes (incluidos 22 mil que estaban al corriente en sus pagos) que fueron afectados en estos juicios masivos, 80 por ciento (302 mil) fueron demandados en otros estados y sólo 71 mil en su propia entidad. Y en todos los casos no fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley; se vulneró el debido proceso, ya que estas personas no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciadas. Y al tener conocimiento, el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía; el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción
.
En resumen, dijo Romero, de 373 mil derechohabientes afectados por estos juicios, 249 mil perdieron su vivienda; 207 mil de ellas, que se supone debieron haber pasado a manos del Infonavit, no pueden ser escrituradas porque estos juicios son ilegales. Viviendas que son de nadie: ni del derechohabiente original ni del Infonavit, que no las puede recuperar. Otras 42 mil fueron vendidas por el Infonavit en subastas”.
Ante la acción judicial emprendida por el Infonavit, ahora los prianistas –metidos hasta el fondo en este enjuague– anuncian resistencia civil
en toda la República. ¡Claro! Les quitaron otra mina de oro.
Las rebanadas del pastel
Enloquecido, sin nadie que lo frene y dejando de lado que los primeros perjudicados serán los propios consumidores estadunidenses, Donald Trump amenaza con imponer aranceles por doquier y los utiliza como arma
para doblegar a gobiernos insumisos. Dependerá de éstos el desarrollo de los acontecimientos.
X: @cafevega
