El discurso racista impulsado por el nuevo gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes en su país encontró ayer un punto de quiebre en la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de no permitir la llegada de vuelos con expulsados porque no estaban siendo tratados con la dignidad que un ser humano merece. El día anterior, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, exigió explicaciones por el tratamiento denigrante de 88 ciudadanos brasileños deportados la víspera, a los que Washington envió de vuelta a su país en aviones militares y que viajaron amarrados de pies y manos y pasaron varias horas sin aire acondicionado, sin poder beber agua ni ir al baño durante el vuelo.

La situación escaló rápidamente: en respuesta, Donald Trump anunció la imposición de aranceles a las exportaciones colombianas y la suspensión de entrega de visas por parte de sus servicios consulares en la nación sudamericana, a lo que Petro replicó que adoptaría medidas recíprocas, además de que llamó a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para analizar la agresividad del nuevo gobierno estadunidense contra los trabajadores migrantes.

Horas después, el Palacio de Nariño anunció que se había “superado el impasse” y que el avión presidencial de Petro está listo para transportar a los deportados colombianos, garantizándoles las condiciones dignas como sujetos de derecho y el próximo viaje de un equipo gubernamental de Bogotá a Washington encabezado por el canciller Luis Gilberto Murillo para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos y que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución entre ambos países.

Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que aseguró que el gobierno de Colombia había “accedido a todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de los ilegales colombianos devueltos por Estados Unidos, incluyendo (que se realizara en) aviones militares estadunidenses, sin limitación o retraso”; que los aranceles y otras sanciones comerciales se mantendrían interrumpidas, pero que la suspensión de visas y las inspecciones aduaneras reforzadas de productos colombianos proseguirían hasta que la última carga (sic) de colombianos deportados sea exitosamente devuelta.

El episodio no pasaría de ser una maniobra característica de Trump: llevar a cabo una acción agresiva contra otro país, provocar una crisis, empezar una negociación y desde antes de que ésta culmine, proclamar que ha derrotado a su contraparte. Sin embargo, la infame provocación de encadenar a los deportados y transportarlos a sus países de origen como si fueran cuerdas de esclavos ha generado una indignación que trasciende el ámbito colombiano y la respuesta inicial de Petro. Por más que sean esencialmente productos propagandísticos para sostener su imagen de hombre duro, estos desplantes de Trump tienen el potencial de suscitar crisis diplomáticas y económicas que ciertamente tienen un alto costo para los países que se vean involucrados en ellas pero que, sumadas, no harán más que acentuar el aislamiento de Washington y su debilitamiento como potencia hegemónica mundial. Con todo y su poderío militar, económico, diplomático y tecnológico, Estados Unidos no puede pelear al mismo tiempo con sus socios comerciales de este continente –empezando por los principales, que son México y Canadá–, de Europa y de Asia sin entrar en un declive acelerado que no sería bueno para nadie.

Ciertamente, el gobierno de Washington posee la facultad legal para dictar políticas antimigratorias inhumanas y despiadadas en su propio territorio, pero no para violar los derechos humanos de ninguna persona, estadunidense o extranjera, documentada o indocumentada, ni para conducirse con bravuconerías transgresoras con el resto del planeta. A fin de cuentas, sus antecesores demócratas Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden expulsaron a más trabajadores extranjeros que Trump y ello no produjo crisis diplomática alguna.