Ciudad de México. El Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia tuvo lugar ayer en la basílica de Ocotlán, Tlaxcala, al cual acudieron “186 compañeras y compañeros, procedentes de 18 entidades federativas y 65 organizaciones de base comunitaria”.

En un comunicado, los participantes en el evento informaron que en sus regiones de origen “proliferan enfermedades crónico degenerativas provocadas por nuestra exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, cuya acumulación en nuestros territorios ha sido provocada por tecnologías nocivas, concentración urbana y actividades extractivas”.

Los activistas reunidos exigieron cesar definitivamente “la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales (...) que se cancele el proyecto turístico destructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, Puebla”.

Solicitaron asimismo “detener el ingreso de material radiactivo al municipio de Temascalapa, estado de México”, que se prohíba “la entrada a México, la comercialización y uso de insecticidas dañinos que matan a las abejas”, y “detener la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa”.

Además pidieron que “el Congreso federal modifique la Lgeepa (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) para establecer la figura de entidad federativa envenenada y el estado de Yucatán sea declarado” como tal, por “la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agroexportadoras y turísticas”.

De igual modo, reclamaron “el cierre de las granjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del Anillo de Cenotes, en Yucatán, donde sobreviven pueblos originarios en 53 municipios”.

Expusieron que México, “por la forma en que está firmemente subordinado económica, política y jurídicamente a las necesidades de abasto, comercio y despilfarro de Estados Unidos”, ha debido aceptar “múltiples formas de un envenenamiento sistemático que derivan de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y en todos los territorios del país”.

Acotaron que “esas sustancias y procesos contaminantes nos ha privado del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, (...) a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados a aquellos”.

A la reunión asistieron representantes de las delegaciones de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata en la capital del país, así como de los estados de México y San Luis Potosí; de los Comités de Cuenca Río Sonora; del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, municipios Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco; la Comisaría de Santa María Chi y Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua Yucatán, lo mismo que de la Contraloría Autónoma del Agua Huasteca Potosina, entre otras organizaciones.