Tras la detención arbitraria de María Fernanda (Mafer) Turrent, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, manifestó que se lleva a cabo una revisión puntual de la investigación por una supuesta retención de menores, y así garantizar condiciones de imparcialidad, luego de que Mafer fue encarcelada por denunciar las agresiones a que fue sometida por su ex pareja, Édgar G P.

Asimismo la encargada de procurar justicia en la capital informó que destituyó al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, además de implementar acciones para evitar que se soliciten medidas cautelares sin tomar en cuenta el análisis del contexto y el bienestar de los menores de edad.

Frente a denuncias por violencia contra mujeres y casos que ponen en riesgo a las infancias y adolescencias, la fiscal reiteró su compromiso de garantizar la procuración de justicia en igualdad de condiciones y en erradicar vicios como el influyentismo y la corrupción.

Que quede muy claro: en esta fiscalía no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder, expresó Alcalde.

Expuso que de forma inmediata trabajarán en la actualización y aplicación de protocolos con estándares que guíen la oportuna realización de entrevistas, periciales y cualquier otro acto de investigación que involucre a niños y niñas.

Además, se emitirán directrices para transparentar los criterios de actuación en la atención de delitos que impacten a las infancias, lo que permitirá conocer bajo qué circunstancias avanzan las investigaciones y la solicitud de alguna medida, con el fin de evitar arbitrariedades de ministerios públicos.

Las acciones tomadas por la fiscal se dan luego de las manifestaciones que demanda justicia para Mafer, detenida y encarcelada tras acudir a una audiencia por la denuncia que interpuso su ex pareja Édgar por una supuesta retención de menores.

De forma pública, María Fernanda Turrent manifestó que temía perder su libertad debido a los procesos que iniciaron en su contra por retención de menores, fraude procesal, violación de correspondencia y falsedad en declaraciones.