En algunos círculos opositores de México ya sueñan con una inminente incursión de marines, rangers o boinas verdes en el territorio nacional para combatir a los narcos. Su cálculo es que ello deslegitimaría brutalmente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que exhibiría la supuesta incapacidad de las autoridades locales para combatir la violencia delictiva. La injerencia militar tendría como fundamento la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 20 de enero y que lleva por aburrido título oficial “Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados” (https://shorturl.at/U1SC5).
Si Trump quiso cometer la aberrante tergiversación, allá él. Las empresas delictivas dedicadas a lucrar burlando una prohibición no son terroristas, porque no quieren alcanzar objetivos políticos, ideológicos o religiosos, no aspiran a tomar el poder y tampoco buscan destruir el orden existente, que incluye las prohibiciones que dan sentido a su negocio. El término “terrorista” es una categoría del análisis político que designa un método de lucha determinado, ciertamente repudiable por muchos (me incluyo) y que no debiera usarse para designar cualquier cosa que pretenda causar miedo, desde la casa de los sustos de la feria hasta la colocación de restos humanos en una vía pública.
No es, en todo caso, un superlativo para “malvado”. Los narcos actuales son capitalistas extremos que han llevado más allá de los límites de la legalidad los principios neoliberales: máxima rentabilidad, máxima competitividad y máxima productividad por encima de cualquier cosa y “haiga sido como haiga sido”, según la expresión del que hizo secretario de Seguridad al narco García Luna.
Lo cierto es que la operación estadunidense con fuerzas especiales gringas en territorio mexicano no es ni inminente ni probable. La llevada y traída orden ejecutiva ni siquiera se refiere, para empezar, a algún grupo delictivo específico de cuantos operan en nuestro país y se limita a mencionar a dos “organizaciones trasnacionales”: la pandilla estadunidense-salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) y la banda venezolana Tren de Aragua.
El documento “crea un proceso por el cual ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones serán designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) […] o terroristas globales especialmente designados (TGED”; ordena al Departamento de Estado adoptar “todas las medidas apropiadas, en consulta con el secretario del Tesoro, el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia Nacional, para hacer una recomendación con respecto a la designación de cualquier cártel u otra organización [...] como una OTE y/o un TGED”, e instruye al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional a que tome “todas las medidas apropiadas, en consulta con el secretario de Estado, para hacer preparativos operativos con respecto a la implementación de cualquier decisión que tome para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros” (https://shorturl.at/U1SC5).
Por lo demás, Mike Vigil, ex jefe de operaciones en el extranjero de la DEA, dijo que la orden ejecutiva tendrá “muy poco impacto en las operaciones diarias contra los cárteles, porque muchas de las mismas facultades antiterroristas que tendrían las autoridades estadunidenses, se emplean ya en la lucha contra el narcotráfico; esto no es nada nuevo; es todo un teatro político y lanzar un trozo de salami rancio a sus bases”. Sobre todo, señaló Vigil, la medida “no va a permitir que Es tados Unidos envíe tropas a México como mucha gente piensa simplemente porque olvida que México es un país soberano y sería un acto de guerra” (https://shorturl.at/1T3te).
La orden ejecutiva de Trump ni siquiera convierte en automático a los cárteles en “organizaciones terroristas”; tal decisión debe ser tomada por el Departamento de Estado, después de consultar con otras agencias del gobierno y comprobar que es compatible con el marco legal. “Después de las consultas, el Departamento puede llegar y decir que los grupos propuestos no cumplen con los criterios legales”, afirmó Jason Zablakis, director del Centro sobre Terrorismo, Extremismo y Contraterrorismo (CTEC) del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, California, quien agregó que “es un proceso que puede tomar meses si se hace de forma correcta” y podría quedar limitado a “incautar activos de esos grupos en el país, sancionar a ciudadanos estadunidenses que hacen negocios con organizaciones terroristas y bloquear el ingreso al país de miembros de esos grupos” (https://shorturl.at/TpRLK).
En suma: hasta donde puede verse, la orden ejecutiva de Trump tiene por propósito ilusionar a idiotas de Estados Unidos, México y otros países con un poco de acción militar a lo Rambo, intimidar a otros gobernantes y aterrorizar a la gente de bien, lo que no implica, desde luego, que sea un acto terrorista.
