Colima, Col. La dirigencia estatal del PRI enfrenta una sentencia por una demanda de 11 trabajadores que fueron despedidos en 2021 por el que adeuda más de tres millones de pesos en donde la autoridad local comenzó a integrar un proceso de embargo de propiedades.

En septiembre del 2021, Arnoldo Ochoa González, quien fungía como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI realizó el despido injustificado de once trabajadores durante pandemia generada por el Covid-19 y tras la derrota en las elecciones estatales donde por primera vez en la historia, el revolucionario institucional perdió la gubernatura contra Morena.

Meses después, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió el laudo favorable a los ex trabajadores en el que condenó a la parte patronal, representada por Arnoldo Ochoa González, al pago de las prestaciones legales que correspondan a los trabajadores.

No obstante, la dirigencia estatal se negó al pago de salarios caídos, prestaciones, bonos y aguinaldos.

La mayoría de los trabajadores eran del área operativa de la dirigencia estatal en donde uno de ellos ya  murió.

La dirigencia estatal del PRI cuenta con varias propiedades como la de las oficinas centrales ubicadas en la avenida 20 de Noviembre número 402, colonia Los Viveros, en la capital del estado.

Otro edificio propio es el que funciona para la dirigencia municipal del PRI en Villa de Álvarez, está ubicado en la avenida Enrique Corona Morfín número 2, en el centro de dicho municipio.

Además, cuentan otra propiedad donde comenzaron con las nuevas instalaciones de la dirigencia estatal, ubicadas en la Calzada Galván de la capital del estado, pero que dejaron inconclusas debido a malos manejos financieros en 2018.