La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, subrayó que escapa totalmente de las atribuciones de los jueces de amparo pretender desconocer, cuestionar o interpretar los alcances y efectos de fallos emitidos por ese tribunal revestido de autonomía e independencia. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata señaló el carácter constitucional de la jurisdicción propia del órgano electoral y la nulidad de los actos de cualquier otro tribunal contra el TEPJF.

Con su resolución definitiva e inatacable, el TEPJF rencauza la vida democrática y cumple la tarea que debió haber asumido hace semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): poner fin al carnaval de amparos y declaraciones tan altisonantes como jurídicamente huecas por parte de los miembros de la Judicatura aferrados a conservar sus privilegios y seguir por encima de cualquier control democrático. La máxima instancia del Poder Judicial en materia electoral exhibe también la incongruencia de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, y del resto de los ministros del bloque conservador, quienes violentaron sus propias atribuciones al permitir la continuidad de la fársica resistencia contra la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre del año pasado.

Es importante recalcar el elemento de prevaricación en la conducta de la camarilla de togados golpistas. En sucesivas sesiones, la Suprema Corte resolvió que la reforma judicial es constitucional y que los comicios para elegir a sus integrantes mediante el voto popular se encuadran en el ámbito electoral. Lo anterior se traduce de manera automática en que todas las suspensiones contra dicho proceso son nulas de origen, dado que ni la Carta Magna ni las elecciones pueden ser materia de amparo. Pese a ello, Santamaría y decenas de sus colegas han persistido en autootorgarse amparos, interferir en asuntos sobre los que carecen de competencia y sabotear el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados. Este ataque frontal contra la institucionalidad nacional ha sido facilitado de manera sistemática por Piña Hernández, titular también del inoperante Consejo de la Judicatura Federal, órgano teóricamente encargado de supervisar la actuación de los jueces y magistrados.

Cabe celebrar tanto el restablecimiento del orden constitucional como el freno a la inquina facciosa de un grupo político enquistado en la Judicatura que no se sonroja al hacer rabietas, romper la ley y pisotear todo lo que afirma defender, incluida su autonomía retóricamente elevada a bien más precioso del país. Es de esperarse que el varapalo del TEPJF a sus maniobras ilícitas termine de convencerlos de la futilidad de oponerse a un proceso en curso respaldado por la Constitución, por el Tribunal Electoral del propio Poder Judicial, por los poderes Ejecutivo y Legislativo y, lo más importante, por la voluntad popular expresada de modo inequívoco en las urnas.