El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán multó con un millón 75 mil 700 pesos a los 10 integrantes de los comités de evaluación de candidatos judiciales del Poder Ejecutivo y Legislativo, por no acatar la suspensión definitiva que concedió contra el proceso electoral extraordinario 2025 para diversos cargos.

Sergio Santamaría, titular del Juzgado Primero de Distrito de Michoacán, impuso la medida cautelar al Comité del Ejecutivo que integran por un lado, Arturo Zaldívar, Vanessa Romero Rocha, Mary Cruz Cortés Ornelas, Isabel Inés Romero Cruz y Javier Quijano Baz.

Y por el otro el del Legislativo conformado por Madai Merino Damián, Andrés Norberto García Réper, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.

De acuerdo con el impartidor de justicia las sanciones se impusieron ya que las personas integrantes de los comités de evaluación “en una franca usurpación política de la función judicial que no tienen asignada y en un claro desprecio al estado de Derecho, bajo su propia y libre determinación han decidido, por sí y ante sí mismas, no cumplir con el mandato emitido por este órgano de control constitucional”.

Por ello, dijo que en consecuencia, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, lo procedente es hacer efectiva la advertencia que realizo en el 20 de diciembre de 2024, por lo que se impone a cada uno de los miembros de los aludidos comités, una multa individual de mil unidades de medida y actualización, es decir que se impondrá una multa a cada integrante de dichos comités el equivalente a 107 mil 570 pesos.

El togado argumentó que la sanción en razonable “en virtud de la contumacia en que han incurrido los integrantes de los mencionados comités para cumplir con las acciones concretas que les fueron ordenadas; la continuación en forma ilegal del proceso de selección de personas aspirantes a participar en el proceso electoral extraordinario de este año para ocupar los diversos cargos de personas titulares del Poder Judicial de la Federación; la consecuente vulneración de los derechos humanos de las personas juzgadoras integrantes de la asociación civil quejosa; el riesgo inminente de un daño económico al erario de varios miles de millones de pesos que costaría una elección que ulteriormente podría resultar inválida; y la dolosa conducta asumida por las personas sancionadas para evadir la suspensión”.

No obstante, dijo, que se trata de personas, con conocimientos jurídicos, que fueron elegidas para evaluar a quienes desean ocupar los más altos cargos en la impartición de justicia en nuestro país.

Pero no solo eso, agregó que “en una franca usurpación política de la función judicial que no tienen asignada y en un claro desprecio al estado de Derecho, bajo su propia y libre determinación han decidido, por sí y ante sí mismas, no cumplir con el mandato emitido por este órgano de control constitucional”.