A tres días de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, en pleno debate presidencial, no pudiera mencionar los nombres de cuatro niños asesinados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición e incineración de los cuerpos de Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años.

Y en ese sentido instó a que el “Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas”.

Hasta ahora Noboa no se ha referido al tema, incluso después que el domingo pasado uno de sus rivales en la contienda electoral, Francesco Tabacchi le preguntara si recordaba los nombres de los cuatro niños y si pediría disculpas al Ecuador por lo ocurrido, el presidente evadió la respuesta.

El hecho, que conmovió a todo el país, ocurrió el 8 de diciembre pasado y solo el 31 de ese mes se identificó los cuerpos incinerados. Tal como lo relata la CIDH en su informe, “según información oficial, fueron detenidos por personal militar en las cercanías del Mall del Sur (en Guayaquil) y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas. Esa noche, Ismael pudo comunicarse con su padre, a quien indicó que habían sido acusados de robo y detenidos por militares. Desde entonces, se encontraban desaparecidos. El 24 de diciembre, la Policía encontró los 4 cadáveres incinerados y con signos de tortura”.

Por eso, el 25 de diciembre, una jueza de niñez y adolescencia, mediante un hábeas corpus, declaró la desaparición forzada; ordenó la investigación y conminó al Ministerio de la Defensa a disculparse por los hechos. Por su parte, la Fiscalía General inició diligencias de investigación contra 16 militares, quienes fueron aprehendidos por el delito de desaparición forzada; a la vez, la Asamblea Nacional abrió investigaciones parlamentarias.

Al mismo tiempo, la CIDH criticó que el Ministerio de Defensa, tras emitir disculpas públicas por orden de una jueza, anunció que buscará una sanción contra ella, por considerar que su actuación dio paso a una "persecución política". Por eso, “reconoce la decisión de la jueza que concedió el hábeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos. Razón por la cual expresa su preocupación por las declaraciones del Ministerio de Defensa, que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país, en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos”.

Asimismo, llamó al gobierno de Ecuador a garantizar la seguridad de las familias de los cuatro niños; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas.

Para la CIDH, “este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales”.