En el frente que ha constituido el eje de su carrera política, la exaltación de la xenofobia disfrazada de preocupación por la seguridad fronteriza; suspendió una plataforma web para tramitar las solicitudes de asilo, declaró una emergencia nacional en la frontera sur, volvió a atacar el otorgamiento de ciudadanía por nacimiento, detuvo la llegada legal de migrantes provenientes de países latinoamericanos considerados dictaduras por su propia administración, reimpuso la política unilateral y abusiva Quédate en México, ordenó relanzar esfuerzos para construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur e instruyó a las fuerzas armadas a sellar los 3 mil kilómetros de dicho límite terrestre –una instrucción vaga, ya que el comercio sigue fluyendo con normalidad y no hay asignaciones presupuestales que lleven a los hechos el sello–, entre otras medidas. Ayer, dio la orden de efectuar redadas en escuelas, iglesias y hospitales. La fobia se exhibió con el cierre de la página web y las redes sociales oficiales de la Casa Blanca en español, tal como sucedió en 2017.

Semejante embate contra los derechos humanos se inscribe en la doctrina de actuar con tal nivel de salvajismo que se empuje a los migrantes a autodeportarse. Pese a ese nivel de violencia de Estado, la experiencia indica que los racistas tendrán un éxito limitado en su anhelo de restaurar un pasado mítico de uniformidad racial y pensamiento único. Tom Homan –el zar fronterizo del magnate y artífice de la bárbara práctica de separar a las familias como método de disuasión contra los buscadores de refugio– ha reconocido que para llevar adelante las deportaciones masivas prometidas por su jefe, se requiere más del doble de las camas con las que cuenta el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como una cantidad mucho mayor a los 6 mil agentes disponibles en la actualidad. Homan también admitió que por ahora no hay ningún indicio de que el financiamiento esté en camino.

No sólo está en entredicho la capacidad de Trump para deportar a los 15 o 20 millones de migrantes indocumentados que, según él, habitan en Estados Unidos, sino también su voluntad real de hacerlo: en su primer periodo presidencial deportó a 2 millones de extranjeros, apenas 42 por ciento de los 4 millones 677 mil expulsados por Biden y muy por debajo también de los 2 millones 622 mil arrojados por Obama en promedio en sus dos mandatos.

Por lo que hace a la clasificación de terroristas aplicada a las organizaciones del narcotráfico, la traducción de esa medida en acciones concretas colocaría a la Casa Blanca en una situación delicada, por cuanto también tendría que perseguir como tales a los agentes aduanales y fronterizos corruptos que permiten el ingreso de los estupefacientes a territorio estadunidense, a los grupos que los comercializan y distribuyen, a los fabricantes y vendedores de armas que surten a los cárteles y a las instituciones bancarias, financieras y cambiarias que les lavan el dinero.

Por último, decisiones como retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, abolir las políticas de combate a la discriminación o promover la extracción innecesaria de hidrocarburos pueden contentar a sus bases más retrógradas, pero no harán sino ahondar el aislamiento de Estados Unidos, mermar el bienestar de sus ciudadanos y de su medio ambiente y hacer de la superpotencia un paria en la comunidad internacional, nada de lo cual apunta a la grandeza que los votantes de Trump creen rescatar.