Ciudad de México. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en Estados Unidos afecta a las instituciones financieras mexicanas, pues conlleva cambios significativos en los mecanismos de supervisión, cumplimiento y en las prácticas de prevención de lavado que deben realizar, indica un documento que ha sido divulgado por miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM), al cual tuvo acceso este medio.
El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que para declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras (FOT, por sus siglas en inglés).
“La designación podría tener un impacto negativo en la percepción del sistema financiero mexicano a nivel internacional. Los bancos corresponsales, esenciales para facilitar el comercio exterior y las remesas, podrían reducir o terminar sus relaciones con instituciones financieras mexicanas por temor a sanciones o complicaciones legales. Esto podría limitar el acceso de México al sistema financiero global”, plantea el texto divulgado entre los banqueros.
Detalla que las leyes estadunidenses prohíben que cualquier persona en su país brinde apoyo material o recursos a organizaciones vinculadas con el terrorismo, entre lo que se incluye los servicios financieros o los instrumentos monetarios, mientras cualquier entidad vinculada con ese país que conozca estar en posesión o controlar dinero de una organización vinculada al terrorismo o de sus agentes debe embargar esos recursos y reportarlos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
En este sentido, precisa el texto, el gobierno de México tendrá que realizar una nueva Evaluación Nacional de Riesgo, aún cuando en evaluaciones pasadas se concluyó que en nuestro país no se brinda financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, sostiene, el nuevo escenario podría cambiar significativamente, pues si se percibe un mayor riesgo en el país habrá implicaciones importantes “como encarecer el financiamiento externo, reducir la inversión extranjera directa y aumentar la percepción de riesgo en el sistema financiero mexicano.
“Además, el fenómeno de deshacerse del riesgo podría intensificarse con bancos internacionales que pueden cerrar cuentas o reducir sus operaciones en México debido a la percepción de riesgo elevado. Esto, a su vez, tiene efectos en la competitividad del sistema financiero y complicaría las operaciones transfronterizas”, señala.
Según el documento, fechado el 20 de enero, con esta designación, las instituciones mexicanas tendrán que someterse a mayores cargas regulatorias y un alza en los costos operativos, pues deben actualizar y reforzar sistemas de monitoreo, contratar personal altamente especializado, reforzar programas de cumplimiento de sanciones internacionales y poner en marcha controles más estrictos para la apertura de cuentas y transferencias internacionales.
También explica que un efecto secundario como resultado del escrutinio adicional a las transacciones internacionales relacionadas con México por parte de Estados Unidos es la ralentización del comercio y dificultades en el flujo de remesas, que resultan fundamentales para millones de familias mexicanas.
“Además, sectores claves, como la manufactura y el turismo, podrían sufrir debido a las nuevas restricciones financieras y la mayor incertidumbre en los mercados internacionales”.
El texto argumenta que el gobierno deberá de dotar de recursos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México para incrementar las acciones de supervisión, al mismo tiempo que se deberá evaluar la conveniencia de otorgarles mayor autonomía operativa y presupuestal.
“Una postura coordinada entre autoridades y el sector bancario será fundamental para mitigar los riesgos y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. Es recomendable la contratación de despachos especializados que conozcan la regulación en Estados Unidos y México, de forma tal que las instituciones puedan anticipar cualquier requerimiento que se derive de este tema”, concluye.
