Los gobiernos de Chiapas, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, así como organizaciones civiles de Morelos y Querétaro, anunciaron que se preparan para recibir a migrantes mexicanos deportados por la nueva administración federal estadunidense, encabezada por el presidente Donald Trump.
Eduardo Ramírez, mandatario de Chiapas, dijo que la entidad es el primer lugar en deportados, “entonces vamos a recibirlos con los brazos abiertos, ya nos estamos preparando con la Secretaría de Gobierno para brindar el transporte público para traerlos ya sea a la región del soconusco o al centro, que es Tuxtla Gutiérrez”.
Comentó que se va aprovechar la mano de obra calificada que tienen los connacionales en oficios como la albañilería, carpintería y producción agrícola.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que alrededor de cuatro millones de ciudadanos originarios del estado radican en Estados Unidos y parte de ellos no tienen residencia legal.
Explicó que de darse más deportaciones serían básicamente en la frontera, pero también una opción serían vuelos a los aeropuertos internacionales, como el de Morelia, donde el 90 por ciento de los usuarios son indocumentados no sólo de Michoacán sino de zonas cercanas de Guanajuato, Guerrero y estado de México.
Ante las inminentes deportaciones de personas oriundas de Veracruz, la administración estatal dio a conocer que prepara programas de empleo y y de apoyo para los paisanos que llegan a la entidad.
El mandatario de Tamaulipas, Américo Villareal, anunció que su gobierno se alista para recibir a 15 mil ciudadanos sin documentos de residencia, en caso de una repatriación de las autoridades estadunidenses; recordó que esta región ha enfrentado históricamente la deportación de extranjeros y connacionales.
En Morelos, la directora general de atención a los migrantes, Verónica Giles, detalló que entre otras acciones, se instalará un albergue junto con el DIF para recibir a personas que lleguen a la entidad y requieran hospedaje de manera temporal.
La organización Migrantes Unidos en Caravana A.C. dará inicio a una campaña de información jurídica a la comunidad migrante del estado de Querétaro.
En este contexto, colectivos de Derechos Humanos dijeron que días antes de la investidura de Donald Trump, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos insistió en que la entidad no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana, por lo que posibles deportados no podrían permanecer en territorio estatal.
Condenaron el operativo “a todas luces violento” que agentes del Instituto Nacional de Migración, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública local y la Guardia Nacional, así como policías municipales, realizaron la madrugada del pasado 17 de enero.
Edgar H. Clemente, Ernesto Martínez, Ricardo Montoya, Rubicela Morelos, Iván Sánchez y Martín Sánchez y César Arellano, reportero
