Ocho familias pagaron 133 mil pesos cada una a la agrupación Organizaciones Sociales MH, encabezada por José Rodrigo Ugarte Molina, quien les prometió gestionar un crédito ante el Instituto de Vivienda (Invi); tras una década el proyecto no se ha realizado, por lo que lo denunciaron por fraude.

Se trata de un inmueble ubicado en Mar Tirreno número 32, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, del cual, en mayo de 2012, las dueñas originales dieron la oportunidad a las familias de adquirirlo por 4 millones de pesos, pero al no contar con los recursos, Ugalde Molina les ofreció tramitar un crédito de vivienda, pues para él era muy fácil gestionar los créditos porque decía que tenía buenas relaciones con los funcionarios del Invi.

Para ese fin, cada familia le pagaría 133 mil pesos para la compra del terreno, otros interesados también pagarían una determinada cantidad hasta completar 2 millones de pesos, mientras el Invi aportaría los 2 millones restantes para construir un proyecto para 15 familias.

Todos los pagos se hicieron a la cuenta personal de Ugarte con el argumento de que la asociación no contaba con cuenta bancaria.

Según la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia, en 2016 y 2021 se realizó la gestión ante el Invi, periodo en el que además pagaron una cuota mensual de 150 pesos por persona, nos hacían asistir a marchas, mítines, asuntos personales de la asociación bajo amenazas, insultos y malos tratos; de no hacerlo nos quitarían el lugar. Posteriormente, la cuota se incrementó, a lo que los vecinos se negaron, lo que provocó el rompimiento con la asociación.

Relataron que en junio de 2022, Ugarte Molina, acompañado de varias personas y servidores públicos de la alcaldía, trataron de sacar a las familias, e incluso acusaron a una del delito de despojo. Pese a que se abrió una carpeta de investigación en su contra, el juez determinó su libertad por falta de pruebas.

Un mes más tarde, la entonces directora ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, Gabriela Martínez Vargas, emitió una solicitud de desocupación para realizar el proyecto, sin darles garantías de que ocuparían un departamento nuevo. Mediante solicitudes de información los vecinos recibieron respuestas irregulares al respecto; una de ellas sí está dentro del padrón, pero no señalan de qué proyecto es beneficiaria; a otra persona la reconocen como parte del proyecto, pero indican que no cuenta con un padrón de beneficiarios.

La asociación se niega a recibirnos para hacer las aclaraciones y hacerse responsable del compromiso contraído. El Invi presenta solicitudes de que desocupemos sin dar garantías de qué lugares nos corresponde; ante la falta de respuesta, tenemos incertidumbre de perder nuestras viviendas y recursos, señalaron.