Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a la deficiencias en la atención médica proporcionada en hospitales ubicados en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, pues vulneraron los derechos humanos de 17 personas --quienes desafortunadamente perdieron la vida-y de sus familiares.
La CNDH informó que de acuerdo con la investigación, se determinó la violación a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, al trato digno, al interés superior de la niñez de las víctimas; además de afectaciones al derecho de acceso a la información en materia de salud de sus familiares, por la irregular conformación de los expedientes clínicos y en algunos casos a la afectación al proyecto de vida.
En términos generales, el personal de la Comisión Nacional acreditó falta de diagnóstico oportuno, así como retrasos en el otorgamiento y aplicación de tratamientos, omisiones para practicar análisis clínicos, demoras para referir a las víctimas a hospitales de tercer nivel, errores en la clasificación de riesgos clínicos, fallas en los procedimientos de observación clínica; además de que, en algunos casos no tomaron en cuenta enfermedades crónicas de las personas fallecidas, entre otras
irregularidades.
Ante esta situación, la CNDH solicitó al IMSS -en cada uno de los casos - la reparación integral del daño a las personas, incluyendo para tal efecto el otorgamiento de la medida de compensación correspondiente, así como brindar atención sicológica y/o tanatológica para quienes lo necesiten; colaborar en los procesos de investigación que se iniciaron ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades entre el personal de salud; brindar formación especializada en materia de derechos humanos y sobre la correcta aplicación de las Guías de Práctica Clínica al personal de salud involucrado, a fin de prevenir hechos similares y asegurar que se otorgue a las todas personas derechohabientes un servicio de calidad en la atención de sus padecimientos.