Las dos balas que asesinaron en Lomas Taurinas a Luis Donaldo Colosio, el 23 de septiembre de 1994, le abrieron el paso a Ernesto Zedillo, su coordinador de campaña, para que llegara a la primera magistratura en los comicios de ese año. Apenas el 29 de noviembre del año anterior, había renunciado como secretario de Educación, por lo que, a diferencia de otros prominentes miembros del gabinete de Carlos Salinas, no estaba imposibilitado constitucionalmente para ser candidato presdencial.
Tecnócrata doctorado en ciencias económicas por la Universidad Yale, adalid del neoliberalismo y el libre comercio, últimamente, el ex presidente prodiga bendiciones y excomuniones, al tiempo que se presenta como prócer de la democracia y los derechos humanos. Nada más alejado de la realidad. Durante su administración, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otras entidades, se transformaron en territorio de cacería contrainsurgente. Auspiciados por el Estado, los paramilitares florecieron como hongos en época de lluvia. Decenas de cuarteles militares se construyeron en las regiones más apartadas del país. Avasalladores, los soldados irrumpieron en las comunidades indígenas. Las mujeres se convirtieron en botín de guerra.
El doctor Zedillo hablaba de paz pero hacía la guerra. Y, con frecuencia, traicionaba su palabra. El 9 de febrero de 1995, en lugar de que Esteban Moctezuma, su secretario de Gobernación (hoy embajador en Washington), llegara a la selva Lacandona para entrevistarse con la comandancia zapatista, para explorar vías para la paz, el mandatario envió al Ejército a descabezar la rebelión de los pueblos. Al mando del general Ramón Arrieta Hurtado, jefe de la Sección de Paracaidistas, 2 mil 500 soldados, en unos 100 vehículos blindados y artillados, con el apoyo de helicópteros y aviones, tomaron el ejido de Guadalupe Tepeyac y otras comunidades.
El 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas entre el EZLN y el Estado. Allí se estableció el compromiso de llevar a la Constitución la refundación de la nación, y reconocer a los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación y a la autonomía. En lugar de cumplir con lo pactado, el presidente negoció en las calles de Barcelona en la Ciudad de México, con PRD y PAN, una reforma partidocrática, que reforzaba el monopolio de la representación política de los partidos. A casi 31 años de su firma, los acuerdos de San Andrés siguen sin hacerse realidad.
Zedillo vistió Chiapas de verde olivo y auspició la formación de grupos paramilitares. Ejército, policías y autoridades armaron, entrenaron y financiaron a civiles armados. Los bautizaron como Paz y Justicia, Opdic, Chinchulines, Primera Fuerza, Máscara Roja, MIRA.
Tan sólo en la región chol, con el apoyo del general Mario Renán Castillo, jefe de la séptima Región Militar, entre 1995 y 2000 los paramilitares de Paz y Justicia asesinaron a más de 100 indígenas, expulsaron de sus comunidades al menos a 2 mil campesinos y sus familias, cerraron 45 templos católicos, atentaron contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, hurtaron más de 3 mil cabezas de ganado y violaron a 30 mujeres.
El 22 de diciembre de 1997, unas 350 personas, del grupo Las Abejas, oraban en la explanada de un cafetal que les servía de refugio, junto a la ermita católica de Acteal. Protegidos por militares y autoridades, paramilitares asesinaron salvajemente a 45 personas. Los homicidas materiales fueron liberados y los autores intelectuales nunca fueron juzgados.
En junio de 1995, Zedillo deportó a tres clérigos de Argentina, España y EU por su labor social en Chiapas. En abril de 1997 fueron expulsados dos miembros de la Federación Internacional de los Derechos Humanos por visitar un penal en Guerrero. En mayo de 1998 fueron corridos del país 128 italianos que se trasladaron al sureste a documentar las agresiones del Ejército contra los municipios zapatistas.
El 28 de junio de 1995, la policía judicial de Guerrero emboscó, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, a labriegos pobres de las comunidades de Atoyaquillo y Tepetixtla, pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS). Fueron asesinados 17 trabajadores del campo y heridos 23. Exigían la entrega de fertilizantes, láminas para vivienda y otros apoyos agrícolas ofrecidos por el entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, y la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero López, desaparecido un mes antes.
En junio de 1998, en el Charco, Ayutla, el Ejército mató a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. Las comunidades fueron hostigadas, y no pocos dirigentes del movimiento fueron posteriormente desaparecidos o asesinados.
A partir de finales de agosto de 1996, sobre los zapotecos de San Agustín Loxicha, cayó lo que Zedillo bautizó como “todo el peso de la ley”. Un Ejército de ocupación se volcó en aquellas tierras. Uno tras otro, se sucedieron arrestos ilegales, torturas, 22 desapariciones forzadas, ejecuciones clandestinas y cateos ilegales. Más de 250 personas, comenzando por las autoridades municipales, fueron detenidas. Cientos de expedientes judiciales contra indígenas fueron fabricados.
No obstante esta carnicería, se ha querido presentar a Zedillo como apóstol patrio. Se pretende hacer a un lado su responsabilidad en masacres, militarización, cárcel, ejecuciones extrajudiciales, tortura, esterilizaciones forzadas y persecuciones policiacas contra campesinos e indígenas. Sin embargo, el ex mandatario carece de autoridad para envolverse en la bandera nacional y pontificar sobre la democracia. No merece perdón ni olvido.
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