Está en curso el proceso de consultas, leáse foros, en torno a los ejes temáticos que habrán de integrarse en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND). Cabe señalar que la práctica oficial de realizar foros como sinónimo de consulta, data de varias décadas.
En el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, la consulta tiene especificidades jurídicas que hasta hoy no han sido respetadas. También se han traducido en foros que no corresponden al carácter previo, libre e informado ni han garantizado la participación de los pueblos a través de sus instituciones representativas en proyectos y decisiones que les causarían afectación. Uno de los casos paradigmáticos fue la consulta oficial relativa al llamado Tren Maya. No hay que olvidar que la Oficina en México de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH-México) opinó que tal proceso no respetó los estándares internacionales y menos aún que desde 2004 el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictaminó sobre tres reclamaciones indígenas derivadas de la violación al derecho a la consulta en la contra reforma indígena de 2001. (GB289/17/3/2004-02-0047-3ES Doc).
En ese documento se precisaron los alcances de tal derecho, insistiendo en que su finalidad es llegar a un acuerdo, que una consulta no se agota en un solo evento, que los titulares de ese derecho son los pueblos y no organizaciones que así se ostenten, entre muchas consideraciones que a la fecha no han sido atendidas.
También tenemos en cuenta que está en curso el proceso de reglamentación en torno a la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana publicada el 30 de septiembre de 2024.
Por otra parte, la Ley de Planeación es el marco para la elaboración del PND, lo cual no debería implicar que de nueva cuenta, en materia indígena, se pase por encima de normas internacionales y constitucionales, tratándose del derecho a la consulta. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha emitido la convocatoria a una consulta fechada el 4 de enero pasado, para el próximo 19 de enero, que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán. Se proponen cinco ejes temáticos que se desahogarán en igual número de mesas durante el foro. Se indica que habrá otros foros [locales] previos . Se convoca a autoridades indígenas, organizaciones e instituciones académicas.
Además del INPI convoca y estará presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso sí, se citan todos los referentes jurídicos nacionales e internacionales, así como principios derivados relativos a pueblos, asumiendo que ello da cuenta de que son considerados. Le otorga el carácter de garante de la participación y representación al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y enuncia un proceso que se realizará durante dos semanas: el INPI, a través de sus oficinas de representación y centros coordinadores de pueblos indígenas, en coordinación con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas,realizarán la más amplia difusión de la presente convocatoria; asimismo, llevarán a cabo asambleas comunitarias y regionales, reuniones de autoridades, mesas de trabajo, talleres, entre otros, con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para informar sobre los ejes temáticos del PND 2025-2030 y promoverán el diálogo, deliberación y toma de acuerdos en los que dichos pueblos y comunidades elaboren propuestas y recomendaciones que habrán de presentar en el Foro Nacional de Consulta.
También enuncian el material que se distribuirá a los participantes, sobre el PND, objetivos y metodología del foro, diagnóstico nacional de pueblos, la reforma constitucional reciente.
La convocatoria aparece formalmente impecable; también, poco creíble su realización. Lo último que se puede pensar es que le guíe a la institución oficial, el INPI, la buena fe que demanda la OIT. El fantasma del indigenismo histórico parece instalado. Con la complejidad que viven hoy los pueblos, aparece como opción escribir los derechos antes de promover y, por qué no, exigir su aplicación al conjunto del Estado, a los tres niveles de gobierno. Se trata de una institución que debería acompañar y defender a los pueblos.
Sin embargo bien sabemos que la resistencia y rebeldía se encuentran ajenas a ese entramado de Estado. En días pasados, del 28 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó un encuentro con amplísima participación nacional e internacional y el diagnóstico planteado fue para fortalecer el camino en su lucha por la vida. Sí hay opciones propias de los pueblos y en ello seguirán avanzando consultando y consultándose.
Al foro en Morelia asistirán los indígenas y afromexicanos con los que el INPI y el CNPI tienen contacto, es muy previsible que una vez más sea ajeno a los pueblos, a sus instituciones representativas. Lo dicho, parafraseando al zapatismo: los derechos de los pueblos no caben en los foros oficiales.
