La Paz. Unas 40 personas afines del ex presidente Evo Morales fueron detenidas por portar materiales explosivos, informó el gobierno este martes en el segundo día de protestas en rechazo a la crisis económica y en reclamo de que se frene el proceso judicial contra el ex gobernante por presunto abuso de una menor de edad en 2016.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en conferencia de prensa reportó que la policía detuvo la tarde del martes a 41 personas, de las que 29 quedaron en prisión preventiva y 12 más están siendo investigadas por el delito de instigación pública a delinquir y tenencia y portación de armas.

“Se les ha encontrado objetos explosivos, petardos de alto alcance”, agregó el viceministro.

La protesta se dio después de que el martes se suspendiera la audiencia judicial prevista contra Morales en la región sureña de Tarija. Se aplazó para el viernes. Morales no pudo asistir por un cuadro de bronconeumonía, informó el juez.

Morales fue convocado a una audiencia cautelar ante la investigación de la fiscalía por trata de personas por el presunto abuso a una joven de 15 años que resultó embarazada cuando él era aún presidente de Bolivia.

Su defensa presentó un certificado médico de impedimento en el que se justificó su ausencia, mientras la fiscal que atiende el caso Sandra Gutiérrez dijo que el ex gobernante trata de hacer tiempo y espera que el viernes sí se presente o sea declarado en rebeldía para proceder con una orden de detención judicial.

Morales, que no participó de la marcha que iniciaron el viernes sus seguidores, se mantiene atrincherado en su feudo cocalero desde septiembre, en el centro del país, para evitar la orden de detención requerida por la fiscalía bajo la protección de los sindicatos cocaleros que él preside. Tiene además prohibición de salida del país.

El ex presidente y su sector afín acusan al gobierno de Arce de complot político-judicial para sacarlo de la carrera para los comicios presidenciales de agosto. No obstante, la Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura, una vez que la reelección que se sometió a consulta popular en su último mandato fue anulada por el mismo cuerpo judicial por ir en contra de la Constitución boliviana.

Los manifestantes el lunes fueron dispersados con gases lacrimógenos tras empujones y lanzar objetos a los policías cuando avanzaban hacia el palacio de gobierno, donde pretendían dejar una lista de peticiones y un reclamo por la detención política de sus dirigentes, incluido Morales y otros 140 que fueron detenidos en las marchas de septiembre del año pasado.