Marx y Engels escribieron en el Manifiesto comunista: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. Así, la concepción de una Norteamérica de tres países integrada para el libre comercio e inversión, a partir del TLCAN, parece tambalearse ante los embates xenófobos –contra México– y anexionistas –hacia Canadá– de Donald Trump. Y aún más con la renuncia del primer ministro Justin Trudeau, quien deja a Canadá en un limbo político hasta las próximas elecciones generales que podrían traer a los conservadores de regreso al poder. Será un año de incertidumbres. De eso sí no hay duda.
Las respuestas de la presidenta Sheinbaum a las insolencias de Trump han sido tranquilas, mesuradas y hasta con celebrado buen humor. Pero la hora de la verdad será el próximo lunes 20 cuando Trump asuma la presidencia, ya como criminal convicto. Mientras, sectores empresariales se organizan para mantener el statu quo de la relación; en particular el sector exportador de manufacturas (aprovechando el llamado nearshoring) de México a EU que sería el más afectado por los aranceles que Trump pretende imponer. Sheinbaum llama a mantener la calma, a sabiendas de que a los grandes capitales trasnacionales les conviene invertir en México.
También los sectores sociales se están articulando para proponer una agenda trinacional progresista en la que la opción no sea sólo entre el neoliberalismo a ultranza o el proteccionismo chovinista. Por ejemplo, representantes de sindicatos de Canadá, México y EU celebraron una primera cumbre trinacional de trabajadores del sector automotriz en la Ciudad de México el 18 y 19 de noviembre pasados. Los debates se centraron en cómo mejorar el capítulo laboral del T-MEC, en particular los mecanismos de respuesta rápida, así como “la negociación colectiva, la organización de nuevos miembros y las amenazas compartidas para los trabajadores del sector del automóvil y sus puestos de trabajo creadas por las prácticas comerciales desleales, incluido un nuevo debate sobre las importaciones procedentes de China, las tecnologías emergentes y la transición a la fabricación de vehículos eléctricos” (https://tinyurl.com/yd8put2v).
En cuanto al sector agrícola, organizaciones de México, EU y Canadá criticaron la decisión del 20 de diciembre pasado, por un panel de controversias comerciales del TMEC, que falló en favor de EU con el apoyo de Canadá (La Jornada, 21 y 22/12/24), obligando a México a usar maíz genéticamente modificado para consumo humano. El panel instó a México a cambiar sus políticas ignorando pruebas científicas sustanciales sobre los riesgos para la salud y el ambiente de los organismos genéticamente modificados, eludió las amenazas a los derechos indígenas contenidos en el propio tratado (artículo 32.5) y anticipó indebidamente un perjuicio económico a exportadores estadunidenses de maíz (https://tinyurl. com/4nn7k3zc). En otra declaración de organizaciones canadienses se concluye que el fallo contra México “demuestra cómo los acuerdos de libre comercio pueden utilizarse para derrocar decisiones democráticas en beneficio de intereses corporativos” ( https://tinyurl.com/5yzdxyun).
En octubre pasado Sheinbaum presentó el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, que se seguirá enfrentando a disputas comerciales bajo el T-MEC, en cuya próxima revisión en 2026 se deben reforzar los principios de salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que México es parte, como expresó el gobierno en su comunicado ante el fallo (https://tinyurl.com/mut3ze990).
Pero las disputas bajo el T-MEC no son sólo comerciales y de Estado a Estado, también de los inversionistas a los estados en tribunales supranacionales, como los del Ciadi del Banco Mundial.
Este año, quizás pronto, se decidirá la controversial demanda por mil 500 millones de dólares, de la minera estadunidense Legacy Vulcan LLC, una de las 20 que México tiene pendientes en su contra. Seguramente el gobierno de Trump y republicanos se mostrarán muy agresivos en defender a la empresa minera de su país que ha causado ya un ecocidio de 2 mil 400 hectáreas en la zona de Playa del Carmen. Ésta y otras demandas recientes bajo el T-MEC son razón por la cual México debe deshacerse de los grilletes del sistema de solución de controversias inversionistaEstado (ISDS, por sus siglas en inglés) con EU, en la revisión de 2026. Canadá y EU eliminaron ISDS entre sí, pero fue dejado para empresas del sector de hidrocarburos y conexos entre EU y México, bajo el gobierno de Peña Nieto (Anexo 14-D).
El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), del cual México es parte junto con 11 países, incluye un capítulo de inversiones con cláusulas para demandas de inversionistas a estados (ISDS). Esto ha sido aprovechado ya por empresas canadienses, incluyendo a Almaden y Almadex, que demandaron a México en 2024 después de que les fueron canceladas concesiones mineras por vulnerar los derechos de comunidades indígenas en Ixtacamaxtitlán, Puebla. Canadá, por su parte, ha recibido muy recientemente una demanda bajo el TPP por empresas mineras australianas –Riversdale Resources y Hancock Prospecting–.
Para hacer el caso más convincente a México y Canadá de dar fin a las cláusulas ISDS en el TPP, Reino Unido, en su reciente adhesión en 2024, logró fácilmente que se eliminara ISDS entre sí y Nueva Zelanda dentro del TPP, argumentando que su TLC mutuo no contiene ISDS. Así es que si México y Canadá excluyeron cláusulas ISDS en el T-MEC, ¿por qué las deben de mantener en el TPP?
En suma, mientras se ajusta la compleja relación trinacional en 2025, los pueblos de los tres países debemos aprovechar la crisis como oportunidad de cambios, como decía Einstein, para elevar los derechos humanos por encima de los privilegios corporativos.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
