En una nota técnica publicada por el Inegi (Sistema de Indicadores Cíclicos del 9 de enero de este año) se confirma la desaceleración de la actividad económica que se registra desde octubre del año pasado. Dicha tendencia ya había sido anticipada por prácticamente todas las encuestas recabadas entre analistas, bancos e instituciones internacionales. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que apunta al seguimiento de la evolución del sector real de la economía (el no financiero) en el corto plazo, publicado el 23 de diciembre pasado, señalaba que en octubre disminuyó 0.7 por ciento.
Asociada con esta disminución está la pérdida, en diciembre, de 405 mil 259 puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una caída de 1.8 por ciento. De igual manera, al final del año había inscritos un millón 54 mil 947 patrones, una pérdida anual de 1.7 por ciento. La estimación del número de nuevos empleos mensuales que deben crearse al año para incorporar a las personas que entran en la población económicamente activa (PEA) es de 100 mil, es decir, un millón 200 mil por año. Conforme a los datos del IMSS, con la pérdida de puestos de trabajo de diciembre se habrían creado en el año sólo 213 mil 993 plazas. Es el segundo registro más bajo de los últimos 15 años, según reportó el colectivo México ¿Cómo Vamos?, sólo después de la severa contracción de 2020, durante la pandemia.
Atendiendo a las condiciones de corto plazo, el indicador del IMEF, usado en el sector privado como una referencia de la situación económica, apuntaba a que el entorno muestra una “ausencia de impulso económico al cierre de 2024 (y) que la señal de los últimos meses continúa siendo de estancamiento”. Las previsiones de crecimiento del PIB para finales de 2024 se fueron recortando progresivamente hasta situarse en un rango de 1.2 a 1.5 por ciento anual. Como referencia está el presupuesto federal para ese año, que situaba la expectativa de crecimiento entre 2.5 y 3.5 por ciento. Para este año la previsión es del orden de 1.6 por ciento y el presupuesto lo ubica entre 2 y 3 por ciento. Durante el sexenio 2018-2014, el PIB creció 4.94 por ciento, lo que significa sólo 0.81 por ciento en promedio anual, el menor desde el sexenio de 1982 a 1988.
De modo muy concreto, el CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria) expone la situación fiscal del país, o sea, el resultado de la gestión de los recursos de los que dispone el gobierno federal. La referencia son los dos documentos legales esenciales: el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos aprobados por el Poder Legislativo. Según expone el CIEP: México enfrenta su máximo déficit público desde al menos 1990, alcanzando 5.9% del producto interno bruto (PIB). Esto habría sido impulsado, según los Precriterios Generales de Política Económica (CGPE) que presentó la Secretaría de Hacienda para 2025, por los grandes proyectos de infraestructura del gobierno recién terminado. El gobierno proyecta ahora reducir sensiblemente este déficit, llevándolo a 3.9% del PIB en este año, mediante una “consolidación fiscal”. Esta se lograría, como es claro, aumentando los ingresos presupuestarios, reduciendo el gasto público o mediante una combinación de ambas medidas.
La dinámica del gasto público expresada en sus principales rubros (obras de infraestructura y programas sociales) y el consiguiente aumento del déficit fiscal, a pesar de la mayor recaudación de impuestos, caracteriza el ciclo político generado en el sexenio pasado y su repercusión financiera y económica. Es ese, necesariamente, el contexto de la definición del programa presupuestal de la administración actual; se trata, puntualmente, de lo relativo a las fuentes de ingreso y a la asignación de los gastos.
En política los criterios financieros son esenciales, puesto que los recursos no son infinitos. México fue el primer país que acudió a los mercados de deuda en este año con una colocación de bonos del gobierno considerada como un récord, del orden de 8 mil 500 millones de dólares. Esto significa más de la mitad del monto planteado en el presupuesto federal. Así que desde el inicio se advierte la presión financiera según el propio plan oficial de obtención de recursos y el destino de los gastos. La interrelación del ciclo político y el ciclo económico se manifiesta de manera clara.
La gestión fiscal para reducir el déficit público de 5.9 a 3.9 por ciento del PIB se ubica como una de las principales cuestiones en el desenvolvimiento económico durante este año. La cuestión tiene que ver con las previsiones mismas del proyecto de egresos, que han considerado como prioritarios los gastos en programas sociales y pensiones, subsidios a Pemex y CFE, convertidas de nuevo en empresas públicas, además de otras obras de infraestructura y construcción de vivienda. Ante esto, el gobierno ha declarado que este año no se incrementarán los impuestos. Otros factores que incidirán en el curso de la economía tienen que ver con la frágil situación de la seguridad pública, las consecuencias de la reforma judicial y la administración del endeudamiento público.
Estos elementos apuntan desde ahora directamente a la cuestión política del refrendo electoral que se buscará en las elecciones de 2027. La dinámica, hoy, está marcada, además, y de modo significativo por el inminente arribo al gobierno de la segunda administración Trump, que puede incidir de manera costosa en la situación económica y social.
