En su declaración, el jefe de despacho presidencial, Chung Jin-suk, dijo que, en lugar de detenerlo, Yoon podría ser interrogado en un “tercer sitio” o en su residencia, y alegó que la agencia anticorrupción y la policía intentaban sacarlo a rastras como si fuera miembro de un “cártel de drogas sudamericano”.
Yoon no ha salido de su residencia oficial en Seúl durante semanas. El servicio de seguridad presidencial impidió que decenas de investigadores lo detuvieran después de verse inmersos en un punto muerto de casi seis horas el 3 de enero.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios y la policía prometieron aplicar medidas más enérgicas para detener a Yoon, mientras investigan en forma conjunta si la declaración de ley marcial emitida por Yoon el 3 de diciembre constituyó un intento de rebelión.
La Agencia Nacional de Policía ha convocado a varias reuniones de comandantes de campo en Seúl y en la cercana provincia de Gyeonggi en los últimos días para planificar los intentos de arrestarlo, y el tamaño de esas fuerzas alimentó especulaciones de que podrían desplegarse más de mil agentes en una posible operación de varios días. La agencia y la policía han advertido abiertamente que los guardaespaldas presidenciales que obstruyan la ejecución de la orden podrían ser arrestados en el lugar.
La agencia anticorrupción y la policía no han confirmado cuándo regresarían a la residencia presidencial, que ha sido fortificada con alambre de púas e hileras de vehículos que bloquean caminos. Pero Chung dijo que tenía entendido que el “Día D” sería el miércoles, sin especificar la información que tenía.
Funcionarios de la agencia anticorrupción y la policía se reunieron con representantes del servicio de seguridad presidencial el martes por la mañana para conversaciones no especificadas relacionadas con los empeños para ejecutar la orden de detener a Yoon, indicó la agencia. Por el momento no estaba claro si se alcanzó algún tipo de acuerdo.
El gobernante interino del país, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, había expresado preocupaciones el lunes sobre posibles enfrentamientos entre las autoridades y el servicio de seguridad presidencial que, a pesar de que hay una orden judicial para la detención de Yoon, ha insistido en que está obligado a proteger al presidente.
Durante las últimas dos semanas, miles de manifestantes anti-Yoon y pro-Yoon se han reunido diariamente en mítines opuestos cerca de la oficina de Yoon en Seúl, anticipando otro intento de detención. Los abogados de Yoon han afirmado que las imágenes de él siendo sacado a rastras y esposado podrían desencadenar una enorme reacción de sus seguidores y detonar una “guerra civil” en un país profundamente dividido por líneas ideológicas y generacionales.
Yoon hizo una declaración de ley marcial y desplegó soldados para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre, una iniciativa que sólo duró unas horas antes de que los legisladores lograran atravesar el bloqueo y votaran para cancelar la medida.
Sus poderes presidenciales fueron suspendidos cuando la Asamblea dominada por la oposición votó para destituirlo el 14 de diciembre y lo acusó de rebelión. Ahora su destino descansa en el Tribunal Constitucional, que ha comenzado a deliberar si retira formalmente a Yoon de la presidencia o rechaza los cargos y lo restituye.
