La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el próximo periodo de sesiones del Congreso el gobierno federal promoverá una reforma electoral constreñida a eliminar la relección en cargos de elección popular y prohibir el nepotismo, impidiendo que un presidente, gobernador, alcalde o legislador pueda dejar en su puesto un familiar directo inmediatamente después de su periodo de gestión. En el mediano plazo, se trabajará en una iniciativa más amplia con el objetivo de reducir el gasto en los procesos electorales sin poner en riesgo su legalidad y legitimidad, bajar el financiamiento a los partidos políticos y modificar la dinámica de las candidaturas plurinominales al Congreso, de tal modo que todo aquel político que busque un cargo de elección deba hacer campaña.

Tanto los cambios que se impulsarán en las próximas semanas como aquellos contemplados para otra temporada legislativa representan una mejora innegable del sistema político-electoral. En primera instancia, derogar la posibilidad de que diputados, senadores y alcaldes repitan en sus cargos por periodos consecutivos supone una reivindicación de las luchas de millones de mexicanos que hace más de un siglo ofrendaron su tiempo e incluso sus vidas para hacer valer el principio de sufragio efectivo, no relección. Los candados legales al nepotismo son también una herramienta fundamental para complicar la formación de clanes y dinastías políticas que convierten el servicio público en un patrimonio familiar, fenómeno que es justamente percibido por la ciudadanía como una afrenta contra la democracia.

En cuanto a la racionalización del financiamiento público a los procesos electorales y a los partidos políticos, cabe insistir en la grave distorsión de la vida republicana que se produce cuando el dinero se convierte en el elemento central de lo que deberían ser acontecimientos cívicos, no concursos de mercadotecnia.

El flujo virtualmente ilimitado de dinero que se abre en cada temporada comicial da vida a un sistema de agencias de publicidad, consultoras, asesores de imagen, organizadores de eventos, plumas a sueldo y tipos semejantes de empresas e individuos que se llenan los bolsillos mediante la fabricación de carismas, la difusión de noticias falsas, la manipulación de la opinión pública, la invención de encuestas, la inducción de polarizaciones sociales y otras estrategias que nada tienen qué ver con la reflexión, el intercambio de ideas y la búsqueda de consensos que son el corazón de una sociedad plenamente democrática. En la medida en que partidos y candidatos dependan de estos agentes de mercado para comunicarse con los electores, se incrementa el riesgo de que el poder económico vuelva a remplazar a la voluntad popular como ocurrió en la etapa neoliberal, un retroceso que México no puede permitirse.

Por último, la obligatoriedad de que los candidatos al Congreso por la vía plurinominal realicen campañas podría subsanar la pésima imagen de esa figura, creada con la intención de que las expresiones políticas minoritarias gocen de una representación proporcional al porcentaje de votos recibidos a nivel nacional, incluso cuando no logren la mayoría en ningún distrito.

Aunque la proporcionalidad es irrenunciable para garantizar que todos los ciudadanos cuenten con voz en el Poder Legislativo, los votantes perciben, no pocas veces con justa razón, que en la actualidad las candidaturas plurinominales constituyen un mecanismo de pago de favores políticos, tráfico de influencias y reparto de prebendas entre aliados o cómplices. Al hacer que los incluidos en las listas plurinominales den la cara e informen sobre sus proyectos, podrá acortarse la distancia con la ciudadanía y mostrar a los electores los beneficios de la representación proporcional.

En conclusión, es deseable que se aprueben las propuestas inminentes y que se presenten y discutan a la brevedad las referentes al financiamiento de elecciones y partidos, así como a las candidaturas plurinominales, todas las cuales fortalecerían la soberanía popular.