Uruapan, Mich. ¿Cuánto deja el aguacate que provoca un coctel de deforestación, saqueo de agua, corrupción en múltiples ámbitos y asesinatos de defensores del medio ambiente?

Dos respuestas: primera: Hay grupos de mafiosos, o no, que talan el bosque y ni siquiera les interesa llevarse la madera: entierran ahí mismo los pinos talados, con maquinaria pesada, para supuestamente borrar las evidencias, confía un ex funcionario michoacano.

Segunda: en 1994, antes de la apertura del mercado de Estados Unidos, el valor de las exportaciones mexicanas fue de 29.54 millones de dólares, según cálculos de un informe publicado en enero de 2024 por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Para 2021, la cifra creció a 2 mil 976 millones de dólares, es decir, un incremento de 9 mil 974 por ciento. (Violento y próspero. El auge del aguacate en México y su relación con el crimen organizado. Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martinez).

Un actor central en el boom de ventas al extranjero es la poderosa Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), asociación civil controlada por los grandes productores, que se presenta como el único socio cooperador reconocido por las autoridades de México y Estados Unidos para la exportación del fruto.

Para el ex funcionario citado, que sigue vinculado al sector y prefiere se reserve su nombre, la Apeam voltea para otro lado cuando aparecen irregularidades, eufemismo que utiliza para nombrar, por ejemplo, la introducción de aguacates que no cumplen los requisitos exigidos por las autoridades estadunidenses.

Lista negra

Varios casos ocurridos entre 2022 y 2024 ofrecen pinceladas de que, como dice el ex funcionario, las irregularidades están a la orden del día.

Pone de ejemplo una huerta de apenas una hectárea que registró, con documentos en regla, una producción de 40 toneladas. Sólo en casos excepcionales, una huerta de esa extensión llega a generar 30 toneladas, pues el promedio es de 10. Ese caso destapó la cloaca, pues evidencia que los mismos documentos, legales, son utilizados para colar a los empaques fruta de huertos que forman parte de la lista negra de predios elaborada por el gobierno michoacano o que simplemente no tiene autorización para exportar (los permisos requieren el cumplimiento de requisitos sanitarios y otras reglas).

Estados Unidos ha cerrado sus fronteras al aguacate mexicano en pocas ocasiones y por periodos cortos.

En los últimos años se han registrado dos cierres. En febrero de 2022, cuenta Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, “fue porque un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) vio que estaban huachicoleando aguacate de otro estado (Puebla) en un empaque, allá por Zitácuaro. Y bueno, recibió una amenaza por teléfono: ‘tú dices, y te mueres’.” Cabe decir que en los corrillos de funcionarios del gobierno local y productores se refieren al tema de las amenazas como el supuesto problema de seguridad de un inspector.

La amenaza, contó en 2022 el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, provino de un penal en Ecatepec, estado de México.

Otro episodio ocurrió a finales de octubre pasado. Siete empaques pararon luego de que se detectó la presencia de gusano barrenador de ramas. Cuando fueron a revisar las huertas, sólo encontraron el bicho en tres de las 17 fincas. Esto significa, explica otra fuente, que documentos de huertas en regla se utilizaron para introducir aguacates procedentes de fincas irregulares.

En la hipótesis de ex funcionarios del gobierno de Michoacán, la Apeam está infiltrada por los intereses de productores irregulares –para decirlo con un eufemismo– y también hay inspectores del USDA que forman parte de un entramado de corrupción.

En otro episodio ocurrido a mediados de junio de 2024, dos contralores del USDA fueron retenidos por la Ronda Comunitaria del municipio de Paracho, en el contexto de protestas de policías estatales que exigían destitución de mandos y mejoras laborales.

El gobierno de la entidad dice que nunca estuvieron en riesgo, pero el caso se utilizó para cerrar la frontera.

Sean reales o no, las amenazas contra personal del USDA tuvieron entre sus consecuencias que, desde septiembre de 2024, son las autoridades mexicanas (vía 74 inspectores adscritos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) las encargadas de certificar plantaciones.

Nótense las prioridades: México comisiona 74 inspectores para garantizar que los consumidores estadunidenses reciban frutas que cumplan las normas sanitarias y de trazabilidad, y sólo 10 para vigilar sus bosques.

En la actualidad, los verificadores del USDA –que son de nacionalidad mexicana– sólo están presentes en los empaques. Ellos son quienes están permitiendo esos movimientos irregulares, dice una fuente del gobierno estatal. Otro informante agrega: como perdieron el ingreso en las huertas, las mordidas a cambio de firmas que autorizan la exportación, ahora hacen lo mismo en los empaques.

Episodios como los descritos propiciaron más de una vez la intervención del ahora ex embajador Ken Salazar, quien resumidamente expresaba: con nosotros no se metan.

En septiembre de 2024, el diplomático se puso en sintonía con las autoridades michoacanas y demandó un programa riguroso para evitar la exportación de aguacates irregulares. Así, reconoció públicamente el programa de las autoridades estatales que busca poner algo de orden en la industria (una suerte de constancia de no deforestación establecida en un decreto del gobernador y un programa de certificación voluntaria).

Según Salazar, ello haría posible garantizar que los aguacates que se exportan a Estados Unidos no provengan de huertas ilegales o de zonas deforestadas.

Mission se cura en salud

Como sucede con los productores de jitomate en Sinaloa, que en décadas no han hecho nada por mejorar las condiciones de los jornaleros, a los grandes productores de aguacate se les resbalan las denuncias de activistas mexicanos o incluso acciones gubernamentales.

En cambio, prenden sus alertas cuando aparecen otros actores en el escenario. Es el caso de una queja presentada por un ciudadano mexicano ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del T-MEC.

Y, claro, los informes y demandas de organizaciones ambientalistas estadunidenses o europeas. ONG internacionales, como Climate Rights International (CRI) y otros, que han estado presionando para cerrar la frontera al aguacate de México por el tema de deforestación, dice el secretario Méndez.

Un grupo de agrupaciones ambientalistas de Estados Unidos ha presentado demandas contra tres de los grandes consorcios (Calavo Growers, Fresh Del Monte y West Pak Avocado), acusándolas de mentir a los consumidores, pues en su publicidad presumen sus productos como amigables con el medio ambiente.

Otro grande, Mission Produce, consorcio con sede en California que se presenta como líder global en el negocio del aguacate (presume participación en 25 países), se curó en salud y el pasado 8 de noviembre anunció su compromiso de “no adquirir ni utilizar fruta de ninguna de las 279 huertas específicamente identificadas… por parte de la Secretaría de Medio Ambiente” de Michoacán.

Contra el habitual uso del greenwashing (el lavado de cara verde) en la industria, el consorcio se sinceró en un comunicado: reconocemos que la deforestación ilegal asociada con la producción de aguacate en México es un problema importante para nuestros grupos de interés. Si bien ninguna entidad puede resolver estos problemas complejos y sistémicos de forma individual, en Mission Produce hemos estado trabajando de manera constante para recopilar datos y explorar soluciones que contribuyan a nuestra parte (sic).