Tras los primeros días de 2025, varios sucesos nos recuerdan la preponderancia que debiera darse a la agenda de derechos humanos en un año que se anticipa lleno de desafíos nacionales e internacionales. Desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma sobre prisión preventiva oficiosa (PPO), la implementación del resto de reformas contenidas en el paquete del denominado plan C del gobierno anterior y las crecientes tensiones alrededor de la política migratoria en Norteamérica y Europa, son algunas de las preocupaciones que muy probablemente atravesarán este año y que tendrán que ser atendidas desde los gobiernos, la ciudadanía y la sociedad civil.
El 31 de diciembre pasado se publicó el decreto que modifica el artículo 19 de la Constitución política, que amplía el alcance de la PPO. Por sí misma, y desde su aprobación en noviembre, la reforma fue motivo de preocupación para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. De acuerdo con mecanismos internacionales que observan y protegen los derechos fundamentales, la prisión preventiva atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la privación de la libertad, el derecho a la revisión judicial, entre muchos principios que garantizan el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.
En un país donde los índices de impunidad son muy altos, las medidas punitivas han adquirido creciente popularidad a pesar de su probada ineficacia. El sistema penitenciario aquí se encuentra desbordado, provocando condiciones de hacinamiento y entorno de corrupción, que son la normalidad en los centros penitenciarios. La ampliación de la PPO vulnera más el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario y pone en riesgo a la ciudadanía en un país donde la presunción de inocencia nunca ha sido realidad plena. La publicación de dicha reforma nos convoca a estar atentos para exigir que esta figura no sea instrumentalizada como falso camino de “acceso a la justicia”.
Sin duda, el cierre de 2024 y el principio de 2025 ha estado marcado por el aumento de las tensiones en la situación migratoria mundial. Las caravanas migrantes siguen llegando al país, mientras las declaraciones del inminente presidente de EU, Donald Trump, prefiguran un panorama desolador. Recientemente, la Secretaría de Gobernación dijo que los menores en tránsito por México aumentaron 514 por ciento en seis años. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU informó que la muerte de mexicanos que intentan cruzar hacia el norte aumentó 467 por ciento entre 2019 y 2023. La amenaza de las deportaciones masivas y el endurecimiento del cierre de fronteras se suma a la oleada de políticas antimigratorias cuya popularidad aumenta a escala mundial. Sin atender las causas estructurales de la migración desde una perspectiva supranacional y desde la cooperación, el fenómeno –que cada vez adquiere más características de desplazamiento forzado– seguirá consolidándose como la principal amenaza crítica de los años venideros, junto con la crisis climática.
No podemos cerrar este breve recuento de lo que los primeros días de 2025 han arrojado sobre derechos humanos sin recordar el aniversario de la desaparición de Alicia de los Ríos Merino, detenida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México en el contexto de la mal llamada guerra sucia. Este caso es fiel muestra de la crisis de desaparición que desde entonces y hasta la fecha persiste en el país. El aniversario de su detención y desaparición recuerda el pendiente histórico y sistémico que tiene el Estado con la verdad y la justicia tanto del pasado como del presente. Si bien el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico ha realizado una gran labor para desenterrar la verdad de la violencia de Estado en las últimas décadas del siglo pasado, prevalece un gran pendiente en términos de acceso a la justicia para las víctimas, así como un velo de opacidad sobre importante información resguardada por el Estado, lo cual ha bloqueado el progreso de las investigaciones para el acceso a la verdad. Con más de 120 mil personas desaparecidas y no localizadas, el gobierno mexicano no puede abandonar los esfuerzos por garantizar la verdad y la justicia para todas las víctimas, ni dejar de apostar por una política de pacificación efectiva, anclada en los principios de seguridad ciudadana.
Esto es apenas una pincelada de los grandes pendientes de este 2025 sobre derechos humanos, a partir de lo que la coyuntura nos ha arrojado en los primeros días. En relación con lo dicho ya en este espacio, reiteramos que, además de la crisis climática, serán la migratoria, la de violencia y la implementación de las reformas aprobadas en los últimos meses los principales temas relacionados con la agenda de derechos humanos en los que debemos poner atención para que se fortalezca como condición de posibilidad para la consolidación del Estado democrático de derecho.
