Morelia, Mich. A partir de este año, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dejará de padecer crisis periódicas por la falta de recursos económicos, para esta casa de estudios, la asignación del 4.5 por ciento del presupuesto estatal, además de la garantía a la autonomía plena y elevación a rango constitucional la democratización de la elección de la máxima autoridad nicolaita, así como de los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Ante el pleno de la comunidad universitaria, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó el Decreto de Promulgación de Reforma Constitucional a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Con la reforma constitucional a la UMSNH ha triunfado la libertad, la democracia y el humanismo nicolaita, que derrotó al conservadurismo y neoliberalismo, subrayó el gobernador del estado, tras comentar que esta modificación a la constitución local es un hecho histórico porque representa la continuidad de un proyecto de transformación porque esta casa de estudios es un pilar fundamental de la entidad.
A partir de ahora, subrayó Ramírez Bedolla, se garantiza la viabilidad económica de la máxima casa de estudios de Michoacán, con la cual se dejan atrás 50 años de déficit presupuestal, porque no puede haber autonomía si no se tiene viabilidad financiera garantizada, recalcó Ramírez Bedolla, ya que ahora la universidad tendrá 750 millones de pesos adicionales para este año.
En tanto, la rectora Yarabí Ávila González agradeció al gobernador haber sido el impulsor de la iniciativa de gran importancia para la universidad, ya que, refirió, han pasado 107 años para llegar a este día, en el cual se festejan los anhelos de una universidad libre, autónoma, con suficiencia presupuestal y donde la comunidad universitaria podrá participar en la elección del rector o rectora.
Mientras que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora expuso que la modificación al artículo 143 de la Constitución local dota a la Universidad Michoacana de un nuevo contexto normativo, con el cual se garantiza un presupuesto para el desarrollo de sus funciones, así como la plena democratización de la vida universitaria donde podrán participar los sectores estudiantiles y los órganos de gobierno.