La vida en común en el país se ha debatido entre los deseos de mejora y los límites impuestos por las continuas carencias. Y no sólo en lo general estas limitantes han sido causantes del dolor y el sufrimiento cotidiano de la mayoría ciudadana.
En lo individual han estado presentes, hasta de manera grotesca, mostrando su omnipresente fuerza destructiva de ilusiones y negación de perentorias necesidades básicas. Padecerlas tiene efectos nocivos en la seguridad personal sin exceptuar lo colectivo. Estas aseveraciones rigen para casi todas las capas sociales. Sólo algunas de estas categorías, los más encumbrados en riqueza, pueden sentir que los alejan de cualquier dejo de insatisfacción. Aunque, tal vez en ese cuartel, sufran por la imperiosa, compulsiva, búsqueda de mayor acumulación de todo tipo de satisfactores y dispendios. Lo cierto es que, para infortunio de las mayorías, el malestar ocasionado se intercala en la medida que se desciende en los escalones de ingresos. En la pobreza, ya ni siquiera se puede hablar de carencias, sino de un estado de postración y ausencia de cualquier salvoconducto benéfico.
Proponer medidas que permitan al menos agrandar las zonas sin carencias es lo conducente. Máxime cuando se promete un modelo que tiende a velar por el bienestar colectivo y la igualdad. Es por ello que la búsqueda de soluciones que certifiquen esos conductos lleven a contar con una hacienda pública lo más robusta. Una que pueda, en la medida de la sana medianía, satisfacer lo prudente. Y al mismo tiempo reduzca la enorme disparidad que hoy se padece entre los individuos, las regiones y las clases. Erario que permita salir del existente estado de postración para cualquiera de las clases sociales y zonas del país. No se piensa en trabajar para la lujosa prosperidad de la que hoy gozan ciertos privilegiados, sino un estado de bienestar que aliente, que sostenga, una vida digna y desahogada para todos los mexicanos.
En estos días o semanas hemos sido informados, una vez más, de despojos masivos de recursos públicos debido a corruptas decisiones de sus funcionarios. Las tropelías llevadas a cabo por directivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) constituyen uno de los mayores dispendios de los haberes colectivos. Difícilmente se podrán encontrar otros de tal magnitud: Fobaproa. Miles, cientos de miles, incluso millones de casas deshabitadas pueden observarse regadas por todo el territorio nacional. Todos estos conjuntos, desperdigados por lugares extraños, son la muestra de un sistema mal concebido para el servicio público y, sí, para el usufructo indebido e irresponsable y criminal. En esos proyectos constructivos se sepultaron cientos de miles de millones de capital colectivo. Capital que debió enderezarse para satisfacer urgentes prioridades de vivienda. Una carencia cierta, sentida y reclamada de manera continua. Dicho vacío debía ser rellenado con los proyectos que dieron lugar a la creación de este famoso instituto. Un logro de los trabajadores pero que ha quedado sujeto a malformaciones organizativas y a la rapiña de sus directivos y desarrolladores.
Llegar hasta el merecido castigo judicial que reponga algo de lo perdido, como en ocasiones similares, será difícil. Pero un cuidadoso examen de los dirigentes, ya sean funcionarios, delegados sindicales o patronales, durante esos periodos dispendiosos, deben permitir alejarlos de toda encomienda administrativa del Infonavit. Y convendría que pudieran excluirse en similares encomiendas. Fueron ellos los responsables del uso fraudulento de los haberes de los trabajadores. No debe haber contemplación con sus irresponsables decisiones. Muy a pesar de que su representación implique centrales obreras, cámaras empresariales o altas relaciones políticas. Examinar con detenimiento todos y cada uno de los acuerdos del consejo y, de ahí, sacar las conclusiones. Esto llevaría a imponer castigos adicionales, entre los que no se exceptúa el descrédito público.
El programa constructivo (un millón de casas) anunciado por la Presidenta, debe ser reforzado con los soportes que habrá de requerir para su debida implementación. Las famosas carencias deben, al menos, minimizarse. Lo deseable sería que, tal problema, también vaya desapareciendo del lenguaje cotidiano. Lo que, una vez más, lleva a considerar y, hasta solicitar y exigir, la necesaria reforma fiscal que siempre se ha pospuesto.
Las enormes diferencias entre los mexicanos no se reducirán con los legítimos programas sociales. Los que están en uso y los prometidos. Hace falta perder el miedo, hasta cerval, a la negativa o violenta reacción del gran capital. Miedo que lleva, para amainarlo, a un permanente contacto con sus figuras claves. Esa es una táctica, para nada exenta de riesgos y peligros, pues la mayoría de las veces acaba trabajando en contra de la justicia distributiva. O, en el mejor de los casos y por la continua cercanía, en mengua del apoyo popular.
