La huelga y el bloqueo de la Carretera Transpeninsular que integrantes del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) mantuvieron desde el segundo día del año para demandar a la empresa El Milagro de Baja condiciones laborales básicas y un incremento en los pagos se resolvió ayer en el Centro de Conciliación Laboral de Baja California con una mejora en las retribuciones –de 22 a 28 pesos por caja de fresas y moras cosechadas–, la restitución íntegra de los salarios de los días 2, 3 y 4 del presente y la promesa gubernamental de promover mejores condiciones de trabajo en la pizca y de mantener una vigilancia efectiva para evitar abusos patronales.

La acción se saldó con una victoria parcial para la parte trabajadora, pero el episodio obliga a recordar las pésimas condiciones en las que subsisten unos 3 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas en el país, situación que empezó a hacerse del conocimiento de la opinión pública hace ya casi nueve años, en marzo de 2015, cuando unos 50 mil trabajadores agrarios del Valle de San Quintín, originarios en su mayoría de entidades del sur del país como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, protagonizaron una huelga sin precedente que fue violentamente reprimida por las autoridades estatales.

Se evidenció entonces que no había mucha diferencia entre las condiciones que sufrían los peones de las haciendas porfirianas y las que enfrentaban las y los jornaleros agrícolas en pleno siglo XXI: carentes de derechos efectivos y de las prestaciones legales, obligados a vivir en hacinamiento e insalubridad extremos, endeudados, sometidos a extorsiones, acoso sexual de los capataces a las mujeres, hostigamiento laboral generalizado, explotación de menores de edad y privación de servicios básicos, entre otras circunstancias; y aunque aquel movimiento consiguió visibilizarlas, muchas de ellas siguen prevaleciendo en la actualidad. De acuerdo con un reporte del Coneval de agosto de 2024, esta población laboral debe enfrentar las desventajas del trabajo temporal, la actividad física extenuante, la constante movilidad, las relaciones laborales inciertas o informales, el pago por jornal y la discriminación, además de la persistencia del trabajo infantil y de la carencia de seguridad social. Como paradoja adicional, el discurso de defensa de la población migrante no suele incluir a los jornaleros agrícolas, quienes son, en su mayoría, migrantes internos.

La otra cara de la moneda está integrada por grandes corporaciones agroexportadoras de propiedad extranjera o de grupos político-empresariales locales que obtienen ganancias anuales de centenas de millones de dólares, acaparan tierras y aguas y buscan perpetuar un modelo basado en la exportación de productos agrícolas de alta demanda internacional a costa de la salud, el bienestar y los derechos básicos de sus trabajadores.

En tales circunstancias, es necesario que las autoridades consideren la aplicación de un Programa Especial de Jornaleros como el que propuso el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y que, con ese u otro formato, coordinen acciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, el bienestar, los derechos fundamentales y la dignidad de una población laboral fundamental para la economía nacional y que, sin embargo, ha permanecido desatendida.